¿Equidad sostenible?

Esta semana el gobierno del presidente Santos salió a reclamar grandes logros sociales durante los casi 7 años de gobierno, aduciendo que millones de personas fueron “sacadas” de la pobreza y que la formalización era la gran victoria de su administración.

Aun a pesar de estas irresponsables afirmaciones propias del desespero por los resultados de las encuestas, es bueno examinar en detalle lo dicho por el Gobierno y contrastarlo con la evidencia que arroja el sistema nacional de subsidios sociales. Para empezar, el Gobierno se jacta de una gran formalización, pero no se han reducido ni el número de familias en acción, ni los afiliados al régimen contributivo de salud. Así las cosas, una formalización estable y permanente debería verse reflejada en una migración hacia el ingreso autónomo que implica graduación del sistema de subsidios.

Por eso, frente a estas realidades vale la pena indagar un poco más sobre la estructura de los subsidios sociales en Colombia, su impacto real en la reducción de la desigualdad, su focalización, su costo y su sostenibilidad. Para empezar, Colombia se gasta anualmente en subsidios sociales cerca de 72 billones de pesos, ni más ni menos que el 9 por ciento del PIB, casi 5 veces el costo del metro de Bogotá.

¿Cómo llegamos a esta situación? Entre los años 2010 y 2015 el gasto en subsidios sociales pasó de 49 a 72 billones de pesos, un aumento del 68 por ciento. ¿Qué permitió semejante expansión? No nos digamos mentiras: la bonanza petrolera. Por supuesto hay un error garrafal. El gasto en subsidios es permanente y la bonanza petrolera en un país no petrolero es transitoria, luego al terminar la bonanza se esfuma la fuente permanente de recursos para alimentar esos gastos, obligando a identificar nuevas fuentes, en este caso más impuestos.

En términos de focalización la realidad tampoco es halagadora. El 20 por ciento de la población de mayor ingreso se queda con el 50 por ciento de los subsidios pensionales, mientras que el 40 por ciento de la población de mayor ingreso recibe el 36 por ciento de los subsidios de servicios públicos. Además el 36 por ciento de los subsidios para vivienda, también se concentra en los quintiles de mayor ingreso.

Si indagamos sobre la efectividad del sistema de subsidios sociales sobre la desigualdad, los resultados son pavorosos, ya que el coeficiente de GINI que mide la desigualdad, no cambia mucho después de la distribución de la asistencia social.

Entre 2002 y 2010 el país pasó de 300 mil familias en acción a casi 2,6 millones que se han mantenido hasta hoy. Del mismo modo entre 2002 y 2010 el país pasó de 12 millones a 21 millones de personas en el régimen subsidiado de salud, mientras hoy tenemos 23 millones de personas en este sistema y el costo pasó entre 2010 y 2015 de 6,3 a 13,4 billones.

Mientras el Gobierno habla de formalización, equidad y reducción estructural de la pobreza, la evidencia nos demuestra que la graduación hacia el ingreso autónomo de las familias en acción no ha ocurrido, el número de personas en el régimen subsidiado aumenta y el gasto social está mal focalizado. Lástima que luego de 7 años de gobierno el Presidente se acaba de enterar.

 

http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/equidad-sostenible-IC6217138


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