Blindaje anti justicia

Es absurdo que se esté construyendo un acuerdo de paz para blindarlo de la legalidad.

En las últimas semanas, el gobierno se ha dedicado a promover el término blindaje como supuesto vehículo para garantizar la sostenibilidad de los acuerdos a los que llegue con el grupo terrorista Farc. ¿Blindaje contra qué? La construcción de una paz donde impere la justicia no requiere blindaje alguno, pues si el proceso se estructurara sobre los mandatos de la Constitución y la ley, no habría mejor blindaje que la propia legalidad.

Los colombianos no tendríamos argumentos para oponernos a los acuerdos de La Habana si estos estuvieran revestidos de principios para dar cumplimiento efectivo a nuestro ordenamiento jurídico y también al bloque de constitucionalidad que incorpora los principales instrumentos internacionales de Derechos Humanos. La sostenibilidad de los acuerdos la garantizaría que los criminales de lesa humanidad tuvieran penas efectivas y que no se relativizara en favor de las Farc la elegibilidad política de quienes han cometido toda suerte de crímenes, en contravía de lo que hoy exige la Constitución. Por supuesto, la exigencia de extinción de dominio a los dineros mal habidos de las Farc sería vital para garantizar que los victimarios efectivamente contribuyan a la reparación de sus víctimas.

El blindaje que se requiere por parte del gobierno obedece a una sola razón y es que las Farc con lo acordado están pasando por encima de normas internacionales y buscan evitar su responsabilidad con una arquitectura jurídica de impunidad.

Para nadie es una mentira que las acciones de las Farc son un escupitajo a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre. Sus denigrantes tratos y sus deleznables actos de violencia son la encarnación de la burla a los derechos fundamentales.

Esa organización también ha violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, la Convención de Belém Do Pará, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y ni qué decir del Estatuto de Roma. Con ese prontuario sería casi imposible que los ciudadanos y las Cortes Internacionales no reclamaran justicia efectiva y proporcional.

Entonces el blindaje consiste en que desde la Constitución se prohíba que en territorio colombiano generaciones futuras apliquen la justicia merecida que el gobierno ha decidido no exigir. Por ello el atroz acuerdo de Justicia Especial para la Paz que le da a graves crímenes la conexidad con el delito político y la introducción de castigos simbólicos, quedará incorporada a nuestra Carta Magna violando el propio bloque de constitucionalidad.

Es absurdo que se esté construyendo un acuerdo de “paz”; para blindarlo de la legalidad, de la Constitución, del Derecho Internacional, sólo para satisfacer el anhelo de un papel firmado, un reconocimiento internacional y un ingenuo concepto de la voluntad de paz de las Farc.

Al darle la connotación de bloque de constitucionalidad a los acuerdos, se le otorgará a las Farc la condición de poder constituyente y los colombianos habremos visto cómo las armas y la intimidación de una minoría armada doblegan sin reparo el marco normativo que tanto nos ha costado construir.

Con el camino institucional que el gobierno Santos le está edificando a las Farc queda blindado el accionar del terrorismo y desprotegida la población cuyo único amparo es la justicia.

Kienyke
Bogotá, Colombia
Edición: Digital


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