Castigo Ejemplar

Hoy debemos unirnos para defender la democracia en el continente y decir de una vez por todas que no toleraremos un sátrapa que pretende impunemente intimidar a un pueblo.

Hace quince años, el 1 de Julio del 2002, entró en vigencia en Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. Ese importante instrumento internacional —que cuenta con 124 países, unidos para que no queden en la impunidad crímenes de lesa humanidad— tiene grandes desafíos con relación a su futuro y su efectividad.

Hasta el momento la CPI cuenta hoy con 24 casos, de los cuales 5 están en etapa de juicio, 1 en apelaciones y 3 en etapa de reparaciones. A su vez, existen 6 personas privadas de la libertad por sanciones o etapa procesal avanzada, y existen 14 sospechosos bajo su persecución, investigación o detención. Para muchos existe la preocupación de que hasta ahora la gran mayoría de los casos se encuentran concentrados en África y se requiere más celeridad para investigar y sancionar.

Dicho esto, lo que ha venido ocurriendo en Venezuela es una oportunidad única para que la CPI actúe con efectividad en un país donde un régimen tiránico está cometiendo de manera sistemática crímenes de lesa humanidad. Al examinar el artículo 7 del Estatuto de Roma y compararlo con los deleznables acontecimientos que están ocurriendo en nuestro vecino país, no hay duda que es el momento de actuar por parte de la comunidad internacional.

Curiosamente, según el artículo 13 del Estatuto de Roma, las denuncias contra los responsables de los delitos de lesa humanidad pueden venir de un Estado Parte, del Consejo de Seguridad o de la propia Fiscalía ante la CPI. Aunque los hechos son evidentes y el régimen opresor actúa sin límites para reprimir a todo un pueblo, ni los países miembros, ni la máxima autoridad del Sistema de la ONU han activado su atribución.

Por esa razón y ante la urgente necesidad de evitar mayores crímenes y sancionar a los responsables, congresistas de Colombia y Chile nos unimos para apelar al artículo 15 del Estatuto de Roma y llevar directamente ante la Fiscalía de la CPI un documento de denuncia contra Nicolás Maduro. Con ello pretendemos que se pueda declarar a Venezuela como un país bajo observación y que se abra una investigación formal al tirano.

La evidencia es incontrovertible. La dictadura de Venezuela, en cabeza de Maduro, ha cometido crímenes como asesinato, tortura, persecución a grupo poblacional con identidad propia, desaparición, arrestos irregulares, entre otras conductas. Todas estos comportamientos contenidos en el Estatuto de Roma han sido denunciados públicamente, no solo por quienes presentamos el documento en La Haya, Reino de Holanda, sino por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, además del propio Secretario General de la OEA.

En el caso de Venezuela, la complementariedad o subsidiariedad de la Corte no puede ser invocada, porque no existe un poder judicial independiente para investigar y sancionar las conductas de Maduro y su régimen, ya que se encuentra totalmente cooptado. Además, como quedó en evidencia en septiembre de 2013, al denunciar el Pacto de San José para eludir la responsabilidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Maduro pretende evitar responder por graves violaciones a los Derechos Humanos.

Lo que hay en Venezuela es una tiranía y un tirano que deben ser enfrentados por la comunidad internacional. Ojalá que la denuncia que presentamos sirva para que otros congresistas del mundo se sumen a ella y que los jefes de Estado de los países miembros del Estatuto de Roma asuman una actitud valiente y una obligación moral para que existan investigaciones y sanciones efectivas.

Hoy debemos unirnos para defender la democracia en el continente y decir de una vez por todas que no toleraremos un sátrapa que pretende impunemente intimidar a un pueblo.

Precandidato presidencial Centro Democrático 2018.


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