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¿Qué hacer con la JEP?

El próximo gobierno y el próximo Congreso tienen la enorme responsabilidad de darle al país una reforma estructural de una justicia que se hizo bajo presión de las Farc. Debemos hacerlo de manera oportuna y rápida porque, claramente, la JEP es un monumento a la impunidad y eso no lo vamos a tolerar. Por: Iván Duque, El Colombiano, 15 de octubre de 2017.

Todo parece indicar que el poder de la mermelada se impondrá una vez más en el Congreso para sacar adelante la Justicia Especial para “la Paz” que, cada vez más, se parece a una justicia especial para las Farc, donde esa organización exige toda suerte de beneficios para construir sus anhelos de impunidad.

Si el Gobierno logra este empeño tiene la idea de que dicha justicia será inmodificable y les ha vendido ese argumento a las Farc. No es así, la JEP sí se puede reformar. El reciente fallo de la Corte Constitucional nos permite entender que una instancia transicional en el marco del proceso con las Farc no se pueda derogar pero, dado que su desarrollo normativo es el que le da vida, son esas normas las que sí se pueden y se deben reformar.

¿Cómo se puede reformar la JEP? A través de un acto legislativo, un referendo —dado que su vida implica reformas a la Constitución— o a través de una Constituyente. Esos mecanismos se pueden emplear, mucho más cuando la propia Corte ha dicho que los Acuerdos no hacen parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto su desarrollo debe estar compaginado con los principios esenciales de nuestra Carta Política como el debido proceso y el mandato de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos.

El próximo gobierno se va a encontrar con una JEP en etapa embrionaria, que amenaza al estado de derecho y por lo tanto es su deber introducir reformas estructurales que eviten que por la vía de las reformas exprés tramitadas con el dulce de la mermelada se les dé un golpe dramático a las instituciones y se configure una violación del derecho internacional.

¿Qué se le debe reformar a la JEP? Para empezar, no se puede permitir que criminales de lesa humanidad lleguen al Congreso sin investigación, proceso y sanción proporcional a los crímenes cometidos. Segundo, decir “toda la verdad” no puede ser una cortina de humo para evitar sanción efectiva.

Tercero, la Procuraduría debe participar como garante del debido proceso en todas las instancias procesales, no simplemente por invitación. Cuarto, la acción de tutela no puede ser relativizada con respecto a las actuaciones de la JEP. Quinto, la JEP no puede poner en riesgo el principio de cosa juzgada de otras instancias judiciales, porque amenazaría la autonomía jurisdiccional de las cortes y esto implica también que, en materia de conflictos de competencias, la JEP no puede estar por encima de otras jurisdicciones. Sexto, civiles y militares no pueden ser igualados con criminales de lesa humanidad, porque son los miembros de las Farc los que están haciendo la transición de la criminalidad a la justicia y no las fuerzas legítimas de la Constitución y los ciudadanos que se rigen por la ley. Séptimo, se necesita que la JEP tenga sanciones efectivas y proporcionales o de lo contrario estaremos poniendo en riesgo los principios del Estado de Derecho.

El próximo gobierno y el próximo Congreso tienen la enorme responsabilidad de darle al país una reforma estructural de una justicia que se hizo bajo presión de las Farc. Debemos hacerlo de manera oportuna y rápida porque, claramente, la JEP es un monumento a la impunidad y eso no lo vamos a tolerar.

 

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Los cándidatos miquitos de la JEP

Lo que va a lograr la JEP es terminar de desinstitucionalizar un país que ya tiene bastantes problemas.

Avanza en el Congreso el proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que, como todo con este gobierno, se ha convertido en una novelesca iniciativa en la cual se han, incluso, plagiado apartados de libros. Tal es el caso del Artículo 4 del proyecto que habla de la “justicia prospectiva”, idea del filósofo uruguayo Juan Llambías de Azevedo, quien en 1949 redactó un ensayo con esa idea y sobre la cual el gobierno –o el que redactó el proyecto– no tuvo recato en fusilar, convirtiéndola en artículos para que, alimentados con mermelada, se convirtieran en miquitos.

Esa redacción presuntuosa y amañada, que busca inmunizar a las Farc persiguiendo al Estado, sus agentes y al sector privado, derivó en unos cándidos miquitos que el gobierno pretende pupitriar, a la velocidad de la luz, evitando la discusión democrática y la oposición sustentada. Entre ese desafortunado texto lleno de plagios, trampas y exclusas aparecen:

1. La figura literaria de la “justicia prospectiva” como fuente de las responsabilidades penales es política, no genera responsabilidad jurídica.

2. La JEP es una constituyente de facto, reforma la administración de justicia.

3. La JEP desconoce jurisdicción especial indígena y Justicia Penal Militar, pretende subordinarlas a ella.

4. La JEP desconoce a víctimas, solo se enfoca en las del Estado o por actores diferentes a las Farc.

5. La JEP no está obligada a investigar, perseguir y sancionar conductas confesadas y/o aceptadas, el deber de aportar la verdad no genera la asunción de responsabilidad.

6. Las decisiones de la JEP no son revisables, carecen de control jurisdiccional.

7. La JEP puede extinguir acciones penales y suprimir condenas judiciales, fiscales y disciplinarias.

8. La verdad como obligación y derecho no parece cobijar a las Farc, ni la obligación de ayudar a ubicar o confesar desapariciones.

9. La extinción de dominio no aplicaría a las Farc o sus testaferros.

10. El delito de reclutamiento de menores es considerado “sustracción de menores”.

11. Se falta con el deber de ‘verdad’ al hacer secretas las listas de integrantes de las Farc.

12. La participación del Ministerio Público es voluntaria y a solicitud de la JEP.

13. Los fiscales y el Director de la Unidad de Investigaciones tendrán calidad de aforados.

14. La contratación para la JEP será regida por el derecho privado.

15. Los procesos en el marco de la ley de Justicia y Paz pueden ser revisables o reasumidos por la JEP.

No podemos aceptar esa trampa. Haber desconocido la voluntad popular expresada el 2 de octubre de 2016 le está pasando factura a un gobierno que hace todo a espaldas del pueblo con la complacencia de sus mayorías en el Congreso. 

En el Estado de Derecho, lo mínimo que esperamos es una ley previa, general, concertada y discutida, así como una justicia libre e imparcial. Lo que va a lograr la JEP es terminar de desinstitucionalizar un país que ya tiene bastantes problemas con la mala situación económica, de seguridad y la desconfianza generalizada.

 

 

http://www.portafolio.co/opinion/ivan-duque-marquez/los-candidos-miquitos-de-la-jep-510337

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Cambiar el círculo vicioso

Acabar con la informalidad es el único camino para tener un modelo económico sano.

El modelo económico colombiano está prisionero en un círculo vicioso del cual debemos salir. Somos un país con una enorme informalidad, que, a su vez, afecta el desarrollo empresarial, el recaudo tributario, la sostenibilidad del sistema de salud, la viabilidad de la institucionalidad pensional, detona el contrabando y, lo que es peor, acentúa los problemas de falta de productividad.

Si fuéramos a diferenciar los tipos de informalidad, deberíamos empezar por el sistema empresarial colombiano. Según el BID, en nuestro país más del 40 por ciento de las compañías no tiene registro mercantil y más del 50 por ciento no lleva ningún tipo de contabilidad. Esto ocurre, por lo general, en el sector del comercio; y la informalidad empresarial va ligada a empleos de baja productividad y precariedad en la remuneración.

Por supuesto, la informalidad empresarial también va atada con la informalidad laboral. De un total de 22 millones de personas ‘ocupadas’, que responden sí a la pregunta ¿ha trabajado usted al menos una hora, con o sin remuneración, durante la última semana?, solo contribuyen a pensión y salud menos de 8 millones de compatriotas. Además, es importante precisar que de los 8 millones de ‘aportantes’ a seguridad social, solo uno de cada cuatro mayores de 65 años cuentan con pensión. 

La configuración de este modelo tan débil afecta estructuralmente el sistema tributario. La gran mayoría de aportantes en el impuesto de renta son empresas, de las cuales menos de 2 mil generan más del 50 por ciento del recaudo. Por otra parte, el aporte de personas naturales a este gravamen es bajo como porcentaje del PIB, y el vínculo de la informalidad empresarial y laboral repercute en altos niveles de evasión de ese tributo y del IVA. 

En cuanto a la sostenibilidad del sistema de salud, la informalidad es su mayor enemigo. El número de personas en el régimen subsidiado es alto, y ante una población que envejece, con pobreza y sin ahorro pensional, las presiones fiscales serán siempre mayores, obligando al Estado a buscar recursos, que no tiene. 

Como si fuera poco, y dado a que el Estado sigue gastando, el sistema tributario está desorientado. Grava con más tarifas a las empresas formales que contribuyen, afectando su competitividad, y grava el consumo con IVA del 19 por ciento, incentivando la informalidad empresarial y el contrabando.

Así no podemos seguir. Tenemos que asumir una agenda que permita diferenciar tarifas impositivas a las mipymes para formalizarlas. Tener un sistema laboral menos rígido que promueva el empleo juvenil y puestos de mayor duración que mejoren las contribuciones a salud y pensión. Obviamente, para lograr esto necesitamos un Estado más eficiente y austero, que permita una mejor asignación del gasto público, y por la vía de eliminar gastos innecesarios y generar ahorros estructurales, bajar tarifas impositivas, revisar el régimen de exenciones, luchar contra la evasión, incentivar la inversión y mejorar la calidad laboral y el ingreso de los trabajadores. 

Romper el círculo vicioso de la informalidad es el único camino para tener un modelo económico sano. Hacerlo es un deber de todos, y la base para una agenda de consenso.

 

http://www.portafolio.co/opinion/ivan-duque-marquez/cambiar-el-circulo-vicioso-510570

 

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El día de la independencia

La Colombia que queremos construir empieza por garantizar la transparencia y la verdadera independencia de poderes, allí empieza la real transformación del país. Por: Iván Duque Márquez, diario El Colombiano, octubre 8 de 2017.

Una de las peores tragedias institucionales que padece Colombia tiene que ver con la vergonzosa cooptación que sufren muchas instituciones por cuenta de las presiones del Gobierno, de los caciques o gamonales políticos y de la carencia de una verdadera independencia. El desafío que tenemos como país es crear un ambiente institucional donde realmente exista una independencia que les garantice a los poderes públicos y a los funcionarios dirigir sus acciones con estricto apego a la ley, fundamentado en la evidencia técnica y alejado de las presiones políticas.

Infortunadamente, lo que hemos visto es que el sistema político colombiano se basa en una relación transaccional, donde los apoyos parlamentarios se transan o se transigen con dádivas presupuestales, con clientelismo, o escriturando entidades a partidos o gamonales. No podemos dejar que este sistema se siga perpetuando, ha llegado el momento de enfrentarlo. Habrá quienes crean que dar esta batalla es ingenuo, pero la realidad es que la nueva generación que quiere gobernar a Colombia quiere pasar esa nefasta página en la que dirigentes terminan contemporizando con los peores señores feudales del presupuesto.

¿Por dónde debería empezar el camino de la independencia institucional? Para empezar, necesitamos que no haya justicia espectáculo, y que los organismos de control no sean agentes oficiosos de los directorios políticos, garantizando además que quienes hayan ocupado la cabeza de los organismos de control no puedan aplicar a cargos de elección popular por cuatro años después de dejar el cargo.

Colombia necesita un sistema donde haya total transparencia en las reuniones entre funcionarios de las distintas ramas del poder público, incluyendo a los organismos de control. Estas se deben reportar, comunicar y publicar. Si el país conoce sus agendas podrá imponer más controles.

Los altos cargos públicos -ministros, magistrados, embajadores, etc.- deben ser confirmados mediante procedimientos de audiencia pública en el Congreso, para que puedan ser evaluados ante el país por su experiencia, su conocimiento y su trayectoria, y al mismo tiempo, garantizar la independencia de poderes.Las superintendencias y las comisiones de regulación deben contar con independencia política, los nombramientos deben ser a término fijo por cuatro años y sin aspirar a ningún otro cargo en la administración pública en los cuatro años subsiguientes. Y se les debe dar total autonomía presupuestal para no afectar su labor de seguimiento y sanción.

Las hojas de vida de los representantes de las juntas directivas de las empresas industriales y comerciales del Estado se deben someter al escrutinio público en una plataforma definida por la Presidencia.

Debemos construir una muralla china entre poderes públicos, para que familiares de magistrados en las altas cortes o de congresistas que hayan intervenido en la nominación o en la elección de cabezas de organismos de control no puedan ser nombrados en las entidades frente a las cuales participaron o intervinieron.

Los presupuestos deben ser transparentes, no deben existir partidas por regionalizar no determinadas, porque terminan convirtiéndose en la caja menor de los ministerios para transigir votos por contratos o recursos. Todas las partidas deben ser públicas.Hay más medidas que podemos tomar, pero esta agenda de independencia institucional es el comienzo del cambio. La Colombia que queremos construir empieza por garantizar la transparencia y la verdadera independencia de poderes, allí empieza la real transformación del país.

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Los cándidos miquitos de la JEP

Lo que va a lograr la JEP es terminar de desinstitucionalizar un país que ya tiene bastantes problemas. Por. Iván Duque Márquez, octubre 5 de 2017, diario Portafolio.

Avanza en el Congreso el proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que, como todo con este gobierno, se ha convertido en una novelesca iniciativa en la cual se han, incluso, plagiado apartados de libros. Tal es el caso del Artículo 4 del proyecto que habla de la “justicia prospectiva”, idea del filósofo uruguayo Juan Llambías de Azevedo, quien en 1949 redactó un ensayo con esa idea y sobre la cual el gobierno –o el que redactó el proyecto– no tuvo recato en fusilar, convirtiéndola en artículos para que, alimentados con mermelada, se convirtieran en miquitos.

Esa redacción presuntuosa y amañada, que busca inmunizar a las Farc persiguiendo al Estado, sus agentes y al sector privado, derivó en unos cándidos miquitos que el gobierno pretende pupitriar, a la velocidad de la luz, evitando la discusión democrática y la oposición sustentada. Entre ese desafortunado texto lleno de plagios, trampas y exclusas aparecen:

1. La figura literaria de la “justicia prospectiva” como fuente de las responsabilidades penales es política, no genera responsabilidad jurídica.

2. La JEP es una constituyente de facto, reforma la administración de justicia.

3. La JEP desconoce jurisdicción especial indígena y Justicia Penal Militar, pretende subordinarlas a ella.

4. La JEP desconoce a víctimas, solo se enfoca en las del Estado o por actores diferentes a las Farc.

5. La JEP no está obligada a investigar, perseguir y sancionar conductas confesadas y/o aceptadas, el deber de aportar la verdad no genera la asunción de responsabilidad.

6. Las decisiones de la JEP no son revisables, carecen de control jurisdiccional.

7. La JEP puede extinguir acciones penales y suprimir condenas judiciales, fiscales y disciplinarias.

8. La verdad como obligación y derecho no parece cobijar a las Farc, ni la obligación de ayudar a ubicar o confesar desapariciones.

9. La extinción de dominio no aplicaría a las Farc o sus testaferros.

10. El delito de reclutamiento de menores es considerado “sustracción de menores”.

11. Se falta con el deber de ‘verdad’ al hacer secretas las listas de integrantes de las Farc.

12. La participación del Ministerio Público es voluntaria y a solicitud de la JEP.

13. Los fiscales y el Director de la Unidad de Investigaciones tendrán calidad de aforados.

14. La contratación para la JEP será regida por el derecho privado.

15. Los procesos en el marco de la ley de Justicia y Paz pueden ser revisables o reasumidos por la JEP.

No podemos aceptar esa trampa. Haber desconocido la voluntad popular expresada el 2 de octubre de 2016 le está pasando factura a un gobierno que hace todo a espaldas del pueblo con la complacencia de sus mayorías en el Congreso. 

En el Estado de Derecho, lo mínimo que esperamos es una ley previa, general, concertada y discutida, así como una justicia libre e imparcial. Lo que va a lograr la JEP es terminar de desinstitucionalizar un país que ya tiene bastantes problemas con la mala situación económica, de seguridad y la desconfianza generalizada.

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Licencias gemelas

El Eln no puede pretender seguir en la burla, ninguna organización criminal puede estar por encima de la Constitución. Por:Iván Duque Márquez, El Colombiano, octubre primero de 2017.

Durante buena parte del proceso de negociación del Gobierno y las Farc, esa organización terrorista se valió del principio de “negociar en medio del fuego” para cometer toda clase de atrocidades en Colombia, mientras sus cabecillas disfrutaban de tabacos, catamaranes y ron en la isla de Cuba.

Durante la negociación -donde se seguía ejerciendo la violencia como mecanismo de presión política- realizaron atentados contra la infraestructura, asesinaron policías y siguieron en su descarada actividad del narcotráfico y la extorsión. Como se anticipó en su momento, ningún miembro de las Farc tendría sanción alguna por esos delitos, principalmente debido a que ellos estaban negociando los términos de su impunidad.

Las Farc han recibido todo tipo de beneficios sin cumplir con la entrega total de sus bienes ni de sus estructuras criminales de narcotráfico, sin determinar el paradero exacto de todos los niños ilegalmente reclutados y sin dar información precisa sobre los centenares de secuestrados denunciados por las asociaciones de víctimas de las Farc. Se han burlado del Estado de Derecho y de alguna manera, han acondicionado la Constitución y la ley a sus propias exigencias.

El Eln, como hermanito menor de las Farc, quiere gozar de los mismos privilegios. No solo sigue cometiendo actividades criminales, sino crear toda suerte de artilugios para someter y doblegar al Gobierno. Hoy domingo debe empezar a funcionar el tal “cese bilateral” para avanzar en la negociación, no obstante, sus “gestos de paz” son lamentables: causaron una tragedia ambiental en el Catatumbo con dos atentados al oleoducto Caño Limón que, en lo que va del año, contabiliza 46 atentados terroristas, y siguieron secuestrando y asesinando.

Estamos ante un grupo criminal que mientras habla de paz consolida el terror y que, lo único que parece importarle, es ganar tiempo y margen de presión política ante un gobierno desgastado y detestado por la ciudadanía. El Eln, como su hermanito mayor, pedirá impunidad para quienes “digan toda la verdad”, garantizará elegibilidad política de sus cabecillas, buscará ocultar su fortuna amasada en actos deleznables y tratará que la extorsión, el secuestro y los servicios prestados al narcotráfico en el corredor del Catatumbo al servicio del Cartel de los Soles en Venezuela sean conductas atenuadas bajo el principio de la mal llamada “rebelión”.

Colombia no puede cometer los mismos errores con el Eln y para ello los mensajes deben ser claros: no se podrá adelantar ningún tipo de diálogo mientras estén en actividades criminales. Se les debe exigir de manera perentoria su concentración. Se les debe decir que la desmovilización el desarme y reinserción de la base son bienvenidas, pero con justicia efectiva para sus cabecillas. Que el principio de verdad es bienvenido, sin que este los exima de responsabilidad penal proporcional y efectiva, aunque sí permita reducción sustancial de la pena, no ausencia de ella. Y que cualquier credibilidad deberá estar soportada en la entrega de todos sus bienes para reparar a sus víctimas.

El Eln no puede pretender seguir en la burla, ninguna organización criminal puede estar por encima de la Constitución. Si nosotros seguimos hablando de “paz” y la consecuencia es que todo aquel que por las armas haya pretendido oprimir al prójimo y doblegar el Estado de Derecho es premiado política y económicamente, estamos ante una humillación al pueblo colombiano.

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El fin del conejo

La Constitución se hace para blindar a la sociedad del crimen y no para blindar al crimen del Estado de Derecho. Por: Iván Duque Márquez, septiembre 28 de 2017. 

El próximo 2 de octubre se cumplirá el primer aniversario del día en el que el pueblo colombiano rechazó en las urnas el acuerdo entre el gobierno Santos y las Farc. La evidencia lo dice todo: el mandato popular, expresado por las mayorías que vencieron con el ‘No’ fue desconocido por el gobierno, que, no solo no hizo ninguna modificación de fondo al acuerdo, sino que se valió de argucias y presiones a las cortes para que las mayorías parlamentarias, derrotadas en los comicios, fueran las que refrendaran el exabrupto.

Hoy, un año después, Colombia está pagando las consecuencias de un acuerdo en el cual las Farc han doblegado el Estado de Derecho a su favor. Los cultivos ilícitos se han disparado, las ‘disidencias’ de las Farc se han multiplicado, se han presentado colados de la mafia en los listados de miembros de la organización criminal, hay muchas incongruencias en los inventarios de armamento, no hay claridad sobre los inventarios de bienes para reparar a las víctimas, la entrega de los menores reclutados ha sido un proceso oscuro e insuficiente, no hay información de los secuestrados reclamados por asociaciones de víctimas de las Farc, que seguramente fueron asesinados hace mucho tiempo, y no hay entrega eficaz de todas las rutas y actividades del narcotráfico que por años adelantaron. 

A pesar de todos estos aspectos que indignan al país, la Farc son un Partido Político con mayores beneficios económicos que todas las demás fuerzas políticas, contarán con 10 curules en el Congreso sin necesidad de sacar un solo voto, y han anunciado que muchos de sus ocupantes son sujetos responsables de delitos de lesa humanidad. 
Tendrán emisoras, una comisión paritaria que pretende escrutar y limitar el proceso legislativo en ‘cumplimiento’ de lo acordado, miembros de su organización utilizando armas del Estado en funciones de ‘protección’ de sus ‘jefes’ y una justicia especial llena de ‘magistrados’ con reconocidos sesgos ideológicos y graves antecedentes de pronunciamientos políticos que rozan en la injuria y la calumnia. 

Colombia está llamada a corregir estructuralmente los aspectos de los acuerdos que afectan gravemente el Estado de Derecho y crean incentivos para tener nuevas formas mutantes de violencia, o, sencillamente, constituyen un grave monumento a la impunidad. Cuáles son esos elementos: 

1.El Narcotráfico no puede ser un delito conexo al delito político y, por ende, un delito amnistiable: el numeral 39 del acuerdo sobre víctimas del conflicto establece que las conductas para “financiar, promover y ocultar el desarrollo de la rebelión” son conexos al delito político, abriendo la compuerta para que el narcotráfico, adelantado como mecanismo de financiamiento, tenga un tratamiento benigno. Colombia debe dejar claro en su Constitución que el narcotráfico no es un delito amnistiable.

2.La erradicación y la sustitución de cultivos debe ser obligatoria: El punto 4.1.1 del acuerdo sobre drogas ilícitas establece que la erradicación y la sustitución de cultivos ilícitos es voluntaria, y crea un incentivo perverso a que los cultivos ilícitos sigan expandiéndose en el país. La obligatoriedad de la sustitución y la erradicación es determinante para prevenir daños mayores derivados del narcotráfico. 

3.Deben existir penas proporcionales para crímenes de lesa humanidad: el numeral 60 del acuerdo sobre víctimas establece que existirán penas de restricción efectiva de la libertad a quienes reconozcan toda la verdad, pero esas penas “en ningún caso, se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalente”. En pocas palabras, quien haya cometido crímenes de lesa humanidad y “diga toda la verdad”, habrá evitado penas carcelarias. Esa situación es un monumento a la impunidad. 

4.La JEP no puede fracturar la justicia en Colombia: tal como está configurada la Justicia Especial para la Paz, puede crear categorizaciones jurídicas propias, es decir, crear tipos penales; de igual manera, relativiza y debilita la acción de tutela ante esa jurisdicción, y la Procuraduría solo interviene por invitación, afectando su papel como garante del debido proceso. Así mismo, la JEP está por encima de otras jurisdicciones en casos de conflictos de competencia, debido a que en esos conflictos existen tres magistrados de la JEP, junto a las tres de la otra jurisdicción en conflicto, y en caso de empate, dirime el presidente de la JEP. 

5.Las Farc no pueden comprometer la independencia de poderes: la Comisión Paritaria de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI) no puede ejercer un poder de veto sobre la independencia de poderes, al actuar como instancia de control previo de las leyes que se promulguen por parte del Congreso de la República. Permitir que esta condición avance es fracturar el orden institucional. 

6.Criminales de lesa humanidad no pueden ser elegibles: el numeral 36 del acuerdo de víctimas, reflejado en el artículo transitorio número 20 del Acto Legislativo 01 del 2017 establece que “la imposición de cualquier sanción de la JEP no inhabilitará para la participación política, ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”. Esto quiere decir que sin importar las sanciones de la JEP, podrá existir elegibilidad política para criminales de lesa humanidad, afectando la prohibición expresa en la Constitución. 

Son muchos los elementos de los acuerdos en La Habana que están generando una grave afectación a la institucionalidad y al principio de legalidad en el país. Estos aspectos fueron rechazados en las urnas hace un año y se pidieron modificaciones, la cuales fueron burladas por el gobierno. Por el bien de Colombia, estás modificaciones deben hacerse porque la Constitución se hace para blindar a la sociedad del crimen y no para blindar al crimen del Estado de Derecho.

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Homenajes y exorcismos

Hoy más que nunca tenemos que entender que no podemos seguir exaltando a los criminales ni estar dispuestos a que reciban aplausos quienes hicieron todo tipo de atrocidades bajo el falso discursos de la “rebelión”.

Por: Iván Duque Márquez, El Colombiano, 24 de septiembre de 2017.

Con dolor hemos visto que se le ha hecho un homenaje por parte de algunos de sus áulicos y anteriormente lacayos al criminal conocido como el “Mono Jojoy”.

Su historia criminal es abominable y acaba con cualquier imaginación posible, capaz de describir la desnaturalización de la personalidad humana. Sangre, dolor, secuestros, extorsiones, ataques terroristas, mutilaciones, son solo algunos de los adjetivos que podrían encajar la larga vida criminal de unos de los asesinos más sanguinarios que haya dado Colombia. Hacerle un homenaje es una humillación al país, es una agresión a las victimas, es una apología del delito y una manifestación de exaltación de la putrefacción a la que pueden llegar las almas humanas cuando carecen de moral, ética o respeto por los principios de la bondad.

En lugar de rendirle homenaje a quienes sembraron tanta desolación, Colombia debe exaltar a las víctimas y para ello comprometerse con que exista una justicia ejemplarizante, real, proporcional, acorde con los lineamientos del derecho internacional, para que quienes hayan caído en la corrupción de creer que el delito es una forma de vida tengan un tratamiento ejemplarizante ante la ley. De igual manera, esos mismos victimarios deben reparar económicamente a quienes despojaron de sus seres queridos, de sus tierras, de sus anhelos y hasta de su felicidad.

Estas reflexiones en lugar de homenajes nos invitan a hacer un exorcismo, a que Colombia se libere de esas almas del dolor, del crimen, del delito y que, de una vez por todas, sembremos en nuestra patria una justicia que no sea negociada para ser acomodada en virtud de las pretensiones de impunidad de los victimarios.

Ese exorcismo requiere que seamos capaces de entender que la Constitución no puede ser manoseada para blindar a los delincuentes del Estado de Derecho, sino más bien, para blindar a los ciudadanos de la acción de los delincuentes. Ahí es donde tenemos que recuperar nuestro sentimiento de país y unirnos para enfrentar cualquier forma de criminalidad, porque de eso depende también nuestro futuro.

Exorcizar el crimen implica corregir estructuralmente aquellas cosas de los acuerdos que premian conductas inmorales y oprobiosas. El narcotráfico no puede ser acomodado como delito amnistiable; la erradicación y sustitución deben ser obligatorias; y cualquier engaño expresado en ocultar armas y dinero y no ser entregado para su destrucción o la reparación efectiva de las victimas debe significar la pérdida inmediata de todos los beneficios y la sanción drástica del aparato judicial.

Ese exorcismo implica que los militares no sean puestos en igualdad de condiciones con quienes atacaron el Estado de Derecho y que exista en Colombia una verdadera Justicia Penal Militar para evaluar las circunstancias de modo, tiempo y acción operacional con rigor, sin impunidad, pero entendiendo la diferenciación entre quienes representan la institucionalidad del Estado y no mimetizándolos con quienes han pretendido derrumbarlo.

Hoy más que nunca tenemos que entender que no podemos seguir exaltando a los criminales ni estar dispuestos a que reciban aplausos quienes hicieron todo tipo de atrocidades bajo el falso discursos de la “rebelión”. El reto de la construcción de un nuevo país, de una nueva generación, es exorcizar la apología del crimen para que se le rinda el debido homenaje a quienes han hecho de Colombia un país grande, que no son otros distintos a los ciudadanos de bien.

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El infierno tributario

Un sistema tributario más simple genera más recaudo y estimula el crecimiento de manera sostenida.

Por: Iván Duque Márquez, Diario Portafolio, septiembre 21 de 2017

La situación del sistema tributario colombiano necesita un cambio profundo y estructural. Para empezar, es absurdo que tengamos 22 impuestos nacionales, 14 departamentales y cerca de 40 locales. Tal cantidad y dispersión de gravámenes evidencia que el sistema es complejo, cuando la tendencia mundial es a la simplificación.

De otro lado, tenemos muy poca estabilidad en las reglas de juego en materia tributaria, como lo evidencian 14 reformas tributarias en los últimos 25 años. Tal realidad permite concluir que las modificaciones al sistema siempre están encaminadas a satisfacer incrementos del gasto, perdiendo de vista su participación integral en el funcionamiento de la economía. 

Por cuenta de las malas decisiones de gasto de los últimos 7 años, en los cuales se expandieron los gastos permanentes, basados en una bonanza petrolera transitoria, las últimas dos reformas tributarias se han convertido en un golpe a la inversión, al ahorro, la formalización, la productividad y la competitividad. Hoy, Colombia no solo tiene una tarifa de renta corporativa situada por encima del promedio de la Ocde, sino que la tarifa del IVA se ha tornado en un incentivo brutal al contrabando. 

Entre el resto de los males se encuentra el aumento de la renta presuntiva al 3,5 por ciento, cuando la figura está llamada a desaparecer, como ha ocurrido en otros países. Se han incorporado medidas como el impuesto a los dividendos, con una tarifa plana del 9 por ciento que grava por igual cualquier ingreso superior a los 30 millones de pesos.

Como si todo esto fuera poco, existe un régimen disperso de rentas exentas y descuentos tributarios que superan anualmente los 72 billones de pesos, demoras en las devoluciones de impuestos, que pueden tardar más de 12 meses, y tributos de bajo recaudo, que desincentivan el desarrollo de los mercados de capital. Además, se hace evidente una alta evasión de los impuestos de renta e IVA, estimada por la Comisión de Expertos Tributaios en 40 por ciento de evasión de renta y 23 por ciento de IVA. 

El sistema tributario que tenemos hace que pocos paguen el impuesto de renta, principalmente las empresas, y que la tributación apenas represente menos del 19 por ciento del PIB. El sistema incentiva la informalidad y desestimula el ahorro, la inversión, la productividad y la competitividad. 

¿Por dónde está la salida a esta crisis? Para empezar, tenemos que arreglar la política de gasto para poner fin al constante cambio en las reglas de juego. Tenemos que eliminar los gastos innecesarios, generar ahorros estructurales con eficiencias en la administración pública, mejorar la fiscalización para contener la evasión de renta e IVA y, por esa vía, bajar tarifas de renta corporativa. 

Del mismo modo, tenemos que simplificar el sistema con menos impuestos y dejar los pocos, pero relevantes, de fácil y efectivo recaudo. Revisar inteligentemente el régimen de exenciones y beneficios, y fortalecer los que permitan generación de empleos y transformación productiva con valor agregado. 

Colombia merece reducir gradualmente la renta presuntiva hasta desaparecer, promover convenios con otros países que desmonten la doble tributación e incentivar aceleradamente la inversión. Un sistema tributario más simple, mejor estructurado, a favor de la inversión y la competitividad, genera más recaudo y estimula el crecimiento de manera sostenida. Eso solo será posible si tenemos una política de gasto público mejor focalizada y con un Estado capaz de hacer más con menos.

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Un héroe llamado Jeison

La historia de Jeison nos muestra la importancia de desarrollar programas sociales para atender a la población con discapacidad que, en Colombia, según el Ministerio de Educación, es de más de tres millones de personas. Periódico El Colombiano, domingo 17 de septiembre de 2017.

Hace pocos días tuve la ocasión de visitar el Valle del Cauca y de caminar por el Distrito de Aguablanca, donde conocí a Jeison Aristizábal, una persona que me inspira y motiva.

Jeison nació con parálisis cerebral y una malformación en la cadera. Habla, camina y mueve los brazos con dificultad. Su discapacidad, sin embargo, no fue un obstáculo para cumplir sus sueños. A sus 34 años, es comunicador social, está por graduarse como abogado y preside la Asociación de Discapacitados del Valle, Asodisvalle, que él fundó y que atiende a más de 500 niños con discapacidades cognitivas y motoras del deprimido distrito de Aguablanca.

Su historia comenzó cuando conoció a un vecino que tenía su misma discapacidad y que se la pasaba en la cama porque su familia no podía comprarle una silla de ruedas. A través de una amiga, Jeison hizo una publicación en un periódico local y consiguió una silla de ruedas. Pronto los niños discapacitados del barrio empezaron a pedirle sillas de ruedas y todo tipo de ayudas.

Con el permiso de su mamá, adecuó el garaje de su casa y con unas colchonetas y el apoyo de estudiantes de fisioterapia empezó a atender a los niños de su barrio. Empezó con unos 15 niños en el garaje, luego llegaron 50, para lo que adecuó el comedor, y así su sueño fue creciendo. En 2015, Jeison participó en el reality ‘Tengo una ilusión’, de Caracol, ganó y así consiguió la primera casa de la Asociación de Asodisvalle. Hoy ofrece fisioterapia, terapia ocupacional y respiratoria, fonoaudiología y psicología e incluye un componente educativo apuntándole a una formación integral.

La historia de Jeison nos muestra la importancia de desarrollar programas sociales para atender a la población con discapacidad que, en Colombia, según el Ministerio de Educación, es de más de tres millones de personas. La cifra puede ser mayor (para algunos el 10 % de la población), entre otras cosas, porque solo 5 departamentos tienen una cobertura mayor del 50 por ciento en el registro de esta población. Según el Ministerio de Salud, los lugares donde las personas con discapacidad encuentran mayores barreras es en la vía pública (45,7 %), escaleras (40,5), vehículos de transporte público (33,5) y andenes y aceras (28,6). Por otro lado, el 52 por ciento de la población con discapacidad se encuentra en edad productiva, pero solo un 15 por ciento tiene trabajo.

Esa realidad y la historia de Jeison nos ayuda a entender que necesitamos una política real y efectiva de atención a la población con discapacidad. Esta política va desde construcciones públicas pensadas para las personas con discapacidad, hasta lograr desarrollar un sistema educativo cada vez más inclusivo. Necesitamos un sistema que les permita desarrollar sus capacidades y que puedan traducirse en oportunidades laborales. Necesitamos programas de formación técnica, donde se puedan desarrollar exitosamente según sus talentos y que el sistema de educación superior en sus programas de becas entregue mayores oportunidades a esta población.

Jeison construyó con perseverancia un proyecto de innovación social que ha sido merecedor del premio CNN Héroes, por haberles cambiado la vida a cientos de niños que sin él no hubieran tenido una mejor oportunidad. Después de ver su trabajo y reflexionar sobre lo que necesitamos hacer, haber conocido a Jeison también a mí me cambió la vida.

 

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El laberinto de la justicia

La justicia en Colombia requiere una cirugía profunda y rigurosa. Seguir por el camino que vamos, será un factor de atraso institucional insalvable. Diario Portafolio, 14 de septiembre de 2017. Por: Iván Duque.

Nadie puede discutir que la justicia en Colombia requiere una reforma estructural. No solo porque estamos viviendo un bochornoso ambiente de corrupción, sino porque su operación y funcionamiento es terriblemente complejo, burocrático y difícil de ordenar.


¿Por dónde empieza el problema? Tenemos muchos magistrados en las altas cortes, muchos órganos de cierre, muchas jurisdicciones, muchas sentencias, muchos criterios de interpretación y, por ende, muchos conflictos de competencia.

Solo para iniciar la evaluación de la complejidad, tenemos 88 magistrados en las altas cortes, que incluyen 31 en el Consejo de Estado, 9 en la Corte Constitucional y 23 en la Corte Suprema, a los cuales se les debe agregar 12 de la Sala Laboral de Descongestión, 6 de la Sala de Administración, en el Consejo Superior de la Judicatura, y 7 de la Comisión de Disciplina Judicial del mismo ente. Si a este torrente de magistrados le agregamos los 20 que traería la tal ‘JEP’, tendríamos 108 magistrados en las altas cortes, es decir, más que el número de senadores. 

Lo grave no es solo este esquema tan profundamente burocrático, sino la dificultad para nuestros jueces en lo referente al precedente jurisprudencial para tomar decisiones a partir de los lineamientos contenidos en las providencias de las altas cortes. Solo la Corte Constitucional, entre 1992 y el año 2017, ha emitido 24.541 sentencias, de las cuales 18.293 son tutelas y 6.248 corresponden a decisiones de constitucionalidad, sumado a cerca de 6.783 autos. Solamente en el 2016 la Corte, que vela por la interpretación de nuestra Carta Política, emitió 719 sentencias. 

Como si esto fuera poco, el Consejo de Estado tiene registros entre los años 1915 y el 2015, de cerca de 150.000 decisiones, la Corte Suprema de Justicia tiene cerca de 300.000 providencias digitalizadas, y el Consejo Superior de la Judicatura tiene, hasta el 2011, más de 93.000 providencias que cubren el Tribunal Disciplinario, anterior a la Constitución de 1991 y sus actuaciones propias. Con esta inmensa cantidad de decisiones, es difícil para los jueces tener un precedente ordenado para orientarse en sus actuaciones. 

Este entorno de la justicia en nuestro país lo agrava que, desde la expedición de la Constitución de 1991, se han promulgado más de 1867 leyes y tenemos una Constitución de 380 artículos, con más de 45 actos legislativos, a los que se le agregan todos los tratados pertenecientes al bloque de constitucionalidad. 

Una reforma seria a la justicia requiere que tengamos una política en la Rama para la selección de talento, que fortalezcamos las primeras y segundas instancias, que limitemos el papel de las altas cortes y que avancemos hacia una corte única, con distintas salas y un menor número de magistrados, concentrados en definir los precedentes y los lineamientos de interpretación e implementación. También se requiere gerencia en los circuitos jurisdiccionales, expedientes electrónicos, focalizar mejor la tutela, mejorar los sistemas alternativos de resolución de conflictos, evaluar la calidad de providencias, fomentar el arraigo territorial de los jueces y fomentar el ascenso en la Rama con excelencia en la evaluación. 

La justicia en Colombia requiere una cirugía profunda y rigurosa. Seguir por el camino que vamos, será un factor de atraso institucional insalvable.

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¡Sí se Puede!

Tenemos que cambiar el sistema tributario estructuralmente o seguiremos asfixiando a unos pocos en un mar de informalidad. Columna El Colombiano , domingo 10 de septiembre de 2017.

Hace pocos días en una reunión empresarial me encontré con un destacado economista que me dijo que era imposible bajar los impuestos en Colombia y que proponer esta medida era una expresión de populismo. Sus argumentos fueron los de siempre, empezando por decir que la tributación en Colombia y el gasto público como porcentaje del PIB son bajos, comparados con otros países.

Al analizar en detalle los argumentos de mi interlocutor me convencí de que su forma de pensar es la misma que nos ha conducido a tener más de 12 reformas tributarias en los últimos 25 años, donde los impuestos son un vehículo para seguir aumentando el gasto, sin examinar qué tanto impacto tienen las cargas con la competitividad empresarial.

Miremos las cosas con cabeza fría. Según los reportes recientes del Doing Business, nuestro país presenta una de las tasas efectivas de tributación más altas del mundo y nos ubicamos en el puesto 182 entre 191 países. Es cierto que a pesar de esa realidad nuestro recaudo de impuestos nacionales como porcentaje del PIB es del orden del 19 por ciento, por lo cual tenemos que hacer unas consideraciones adicionales. Para ser claros, los contribuyentes del impuesto de renta en Colombia son pocos y el 85 por ciento proviene de empresas frente a un 15 por ciento que corresponde a personas naturales. Valga aclarar que el 67 por ciento del recaudo de renta se origina en el 1 por ciento de las empresas que se encuentran en la categoría de grandes contribuyentes.

Ahora bien, cuando miramos las tarifas corporativas de renta, Colombia se encuentra por encima del promedio de la OCDE y por lo tanto una carga del 34 por ciento y del 40 por ciento a empresas con ingresos superiores a los 800 millones de pesos es una aberración que estimula la informalidad en los negocios. A eso debemos agregarle que las personas naturales tienen una tarifa de renta del 33 por ciento que está por encima del promedio de América Latina, también estimulando la informalidad.

Si a este análisis le incorporamos el IVA, nos encontramos con una tarifa del 19 por ciento en un país donde existe una gran cantidad de contrabando que compite con los negocios formales. Tal vez esta realidad tributaria explique la razón por la cual en Colombia tenemos una elevada evasión de IVA, donde solo somos capaces de recaudar 35 pesos de cada 100 de recaudo potencial.

Por supuesto es necesario advertir que en Colombia la sumatoria de impuestos lleva a que tengamos tasas efectivas de tributación que pueden superar el 60 por ciento y que la configuración de impuestos nacionales donde entra el 4x1000, una renta presuntiva del 3.5 por ciento, el impuesto a los dividendos, sumado a los gravámenes locales y a la nómina son asfixiantes.

Tenemos que cambiar el sistema tributario estructuralmente o seguiremos asfixiando a unos pocos en un mar de informalidad. La premisa debe ser eficiencia en el Estado, bajar impuestos, formalizar, recaudar más, estimular la inversión y mejorar ingresos de las empresas y los trabajadores. Hay que hacer más eficiente el gasto y mejor focalizado, bajar las cargas de la mano con estabilidad jurídica e incentivos a la inversión para tener tarifas de renta competitivas. Tener un IVA más eficiente y con mecanismos de devolución a los más vulnerables, implementar la factura electrónica y hacer más efectivo el recaudo.

Una agenda así es todo menos populista, es realista y necesaria para que el Estado y el sector privado sean socios del crecimiento. ¡Sí se puede! Y así tenemos que actuar para sacar adelante nuestra economía.

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Francisco, el hombre

Su aproximación a la corrupción fue contundente: “El corrupto ha construido una autoestima basada precisamente en su tipo de actividades tramposas". Columna Diario Portafolio, jueves 7 de septiembre.

Es un orgullo para Colombia contar con la visita apostólica del papa Francisco. Su liderazgo y motivación para el pueblo católico es ejemplar, así como el valor de sus profundas reflexiones sobre la ética, la moral y el comportamiento humano. 

Más allá de su pontificado, lleno de símbolos y motivaciones, basados en el ejemplo, su santidad Francisco fue antes el sacerdote y el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Ese hombre de fe se destacó por sus escritos profundos sobre temas controversiales, invitando al diálogo y la construcción de consensos; en 1991 escribió el ensayo Corrupción y Pecado, en el cual analiza este comportamiento humano ante los ojos de la fe. 

Su aproximación a la corrupción fue contundente: “El corrupto ha construido una autoestima basada precisamente en su tipo de actividades tramposas, pasa la vida por los atajos del oportunismo, a expensas de su propia dignidad y la de los demás”. Su propia definición es clara “pecador sí”, “corrupto no”, y “por lo tanto, el pecado se perdona, la corrupción, sin embargo, no puede ser perdonada”. ¿Por qué no cabe el perdón? Porque a su juicio “la corrupción no es un acto, sino un estado personal y social en el que uno se acostumbra a vivir”.

Las tesis de Bergoglio son hoy las mismas tesis que el papa Francisco ha plasmado en su reciente libro El Nombre de Dios es Misericordia, donde señala que “la corrupción es el pecado que, en lugar de ser reconocido como tal y de hacernos humildes, es elevado a sistema, se convierte en una costumbre mental, en una manera de vivir”. 

Jorge Mario, el hombre, y Francisco, el Papa, es un abanderado de la lucha moral contra la corrupción. Su apostolado nos invita a la acción frente a este flagelo.

La Colombia que visita el Sumo Pontífice vive una crisis moral. Sobornos en las altos instancias del Estado, mermelada, abusos de la contratación directa, carteles de únicos proponentes, convenios interadministrativos convertidos en vehículos para esquilmar al Estado. A esto hay que sumarle el clientelismo, que escritura entidades a feudos políticos y contratistas que compran consciencias sin ser detectados y sancionados. 

La corrupción en Colombia también está en el narcotráfico, en la extorsión, el contrabando, el lavado de activos, el terrorismo, la trata de personas, el tráfico de especies, etc. 

Colombia debe enfrentar la corrupción sin vacilaciones. Tenemos que prevenirla con valores cívicos inculcados desde la familia y el sistema educativo. Hay que limitar la contratación directa, desmontar carteles de únicos proponentes, prohibir la contratación con el Estado de por vida para las empresas y dueños de las mismas que corrompan a funcionarios, eliminar las partidas globales en el presupuesto, sancionar ejemplarmente a los funcionarios que incurran en estas prácticas, limitar los periodos en cargos de elección popular, implementar transparencia y hacer públicas las discusiones presupuestales, al igual que permitir mecanismos efectivos y ciudadanos de denuncia. 

El Apostolado de la concordia, del medioambiente, de la solidaridad y de la lucha contra la corrupción liderado por el papa Francisco nos debe motivar para que reflexionemos y apostemos con acciones a la reconstrucción moral de nuestro país.

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En defensa de San Andrés

Los colombianos tenemos que defender nuestro territorio ante el exabrupto de la Corte, con argumentos, con una decisión popular, con presencia, con desarrollo y con el deseo de exponerle al mundo que el sistema internacional no puede de un plumazo quitarle a un país sus fronteras. Por: Iván Duque. 3 de septiembre de 2017. El Colombiano. 

 

En el año 2012 la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo que pretende despojar a Colombia de más de 70 mil kilómetros de mar, afectando la integridad territorial del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El fallo claramente desconoció de manera abrupta un territorio ancestral donde Colombia ha ejercido soberanía histórica y además afectó tratados que nuestro país tiene con otros Estados.

Por tal motivo, Colombia debe desacatar un fallo que quiere utilizar a Colombia como experimento de una jurisprudencia que puede servir de base para alterar fronteras en otros lugares del mundo. Esto es inadmisible, entre otras cosas porque la Corte Internacional de Justicia fue creada para resolver conflictos entre países sobre la base de la aceptación de sus veredictos, pero no para ahondar diferencias sobre la premisa de la fractura de territorios ancestrales, con soberanía reconocida.

La situación es tan grave, que Nicaragua pretende ahora ampliar su plataforma continental extendida, amparada en el fallo del 2012, poniendo en riesgo más territorio colombiano. Nuestro país hizo lo correcto retirándose del Pacto de Bogotá en señal de protesta por lo ocurrido, pero ahora tenemos que tomar medidas más contundentes como país.

Ante la cruda realidad, Colombia necesita pronunciarse. Necesitamos convocar una Consulta Popular o inclusive un Referendo que incluya un artículo en la Constitución donde se reitere que las fronteras ancestrales en el meridiano 82 no se pueden modificar. Claramente se trata de un pronunciamiento político incorporado en nuestra Carta Política, que según los internacionalistas no puede ser invocado para no cumplir el fallo, pero en la práctica es un mandato soberano de todo un país de preferir tensiones diplomáticas a ceder nuestro territorio.

Del mismo modo Colombia debe invocar el artículo 95 de la Carta de las Naciones Unidas y pedir un mecanismo distinto para zanjar las diferencias con Nicaragua, bajo la clara idea de que la Corte Internacional de Justicia no puede romper la integridad territorial reconocida internacionalmente.

El Referendo por San Andrés es una idea para unir a los colombianos en defensa de nuestro territorio. Pero esta iniciativa también debe ir acompañada de un programa integral de atención al archipiélago mejorando los servicios sociales, protegiendo y difundiendo el patrimonio cultural raizal, garantizando la arquitectura histórica y mejorando la infraestructura portuaria y aeroportuaria en función de un turismo con mayor responsabilidad ambiental. Ese programa integral debe garantizar la calidad del agua, el suministro de energía y la calidad del acceso a internet de alta velocidad, así como incluir una agenda de turismo estratégica que contemple el turismo náutico vivencial y cultural.

Los colombianos tenemos que defender nuestro territorio ante el exabrupto de la Corte, con argumentos, con una decisión popular, con presencia, con desarrollo y con el deseo de exponerle al mundo que el sistema internacional no puede de un plumazo quitarle a un país sus fronteras.

Tenemos que ser una nación que exprese su soberanía con firmeza y respeto indicando que lo que ha hecho la Corte no lo podemos aceptar.

Hoy más que nunca tenemos que mantener firmeza para proteger nuestro territorio del archipiélago y al mismo tiempo que todos los colombianos ejerzamos esa pertenencia y nos sintamos orgullosos de ese lindo patrimonio isleño que debe ser una razón más para sentirnos felices de ser colombianos.

*Precandidato presidencial CD

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Bogotá Naranja

Bogotá nos demuestra que la economía naranja es una realidad poderosa y que hoy más que nunca tenemos que hacerla parte de nuestra visión de país. Por: Iván Duque Márquez. 31 de agosto de 2017. Diario Portafolio.

Bogotá se ha convertido en una ciudad en la cual florece la economía naranja, o economía creativa. La capital de Colombia no solo concentra más de la mitad de las actividades culturales del país, sino que cerca del 8 % de su PIB –equivalente a $18 billones– está representado en este sector que, además, emplea a más de 460.000 personas.

La urbe consume anualmente más de $500.000 millones en actividades como cine, teatro y música en vivo, haciendo de la demanda cultural una fuente grande de empleo y prestación de servicios.

Pero el peso de las industrias creativas en Bogotá tiene distintas formas de leerse: el Bogotá Music Market consolida más de $6.000 millones, y ferias como del Libro pueden generar más de $22.000 millones en ventas y más de 500.000 asistentes. Esa Bogotá naranja también se ve representada en espacios como ArtBo, que ha logrado consolidar más de $105.000 millones en negocios, con la exhibición de más de 3.000 obras de arte y la participación de cerca de 35.000 espectadores. La ciudad también ha ido abriendo camino a nuevas fuentes como el Bogotá Audio Visual Market, que está movilizando más de $39.000 millones en negocios, contando con más de 4.000 visitantes, y el festival independiente de la ciudad logro movilizar en su última versión a más de 45 mil personas.

Esa realidad nos muestra que Bogotá puede transformar su rostro, su actividad empresarial, los canales de generación de empleo y, por supuesto, su comercio, si sabe hacer de la economía naranja una apuesta estructural en su agenda de desarrollo. Según cálculos de organizaciones privadas y distritales, entre el 2016 y el 2019 habrá consolidado cerca de $2,6 billones en inversión atractiva para el talento y las ideas de nuestros creadores. 

Uno de los casos más dicientes tiene que ver con la dinámica empresarial de la música, en la cual vemos que más del 52 % obedece a espectáculos en vivo, el mercado en radio difusión, 13 %, y cerca del 19% en grabación de sonido. Bogotá tiene más de cien agencias de publicidad que generan más de 9.000 empleos formales. Así podríamos seguir con otras áreas como el diseño gráfico, el textil y la arquitectura. 

Hoy, la metrópoli tiene el reto de abrir la capacidad para disponer incentivos para asociar a los sectores naranja, al igual que iniciativas como las que ha emprendido la Alcaldía para la transformación del ‘Bronx’ en un centro donde se puedan reunir, no solo corporaciones asociadas al sector corporativo, sino una oferta de turismo, gastronomía, galerías, entre otras.

Bogotá tiene que fortalecer su infraestructura cultural en las localidades; debemos soñar con más museos, bibliotecas, parques y lugares de expresiones culturales. Y otras ciudades deben seguir el ejemplo. La recién aprobada Ley Naranja abre espacios para que tengamos una visión articulada para formular políticas públicas, medir mejor el sector, darle espacios de financiamiento e infraestructura, contar con políticas de talento, y para que el producto creativo nacional se distinga ante el mundo.

Bogotá nos demuestra que la economía naranja es una realidad poderosa, vigorosa, y que hoy más que nunca tenemos que hacerla parte de nuestra visión de país.

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¿Y la tecnología?

En el presupuesto para el 2018 el gobierno decidió reducir los recursos de inversión para ciencia y tecnología en un 42 %, demostrando la poca prioridad que tiene este estratégico sector para su administración. Por Iván Duque Marquez. 17 de agosto de 2017. El Colombiano.

 

En el presupuesto para el 2018 el gobierno decidió reducir los recursos de inversión para ciencia y tecnología en un 42 %, demostrando la poca prioridad que tiene este estratégico sector para su administración.

En siete años de Gobierno, llevamos muchos directores de Colciencias, lo cual refleja la poca estabilidad institucional del sector pero, lo más grave, es que no se ha hecho nada frente a los problemas más serios que tiene Colombia. Empecemos por algo elemental: Colombia apenas se está gastando el 0,2 % del PIB en ciencia tecnología, por debajo de países como Cuba (0,4 %), México (0,5 %), Chile (1,4 %), Brasil (1,2 %) y por supuesto por debajo de países desarrollados como Japón (3,6 %).

Menos del 5 por ciento de nuestras exportaciones tienen valor agregado tecnológico, la gran mayoría de nuestras empresas no están innovando y en los índices globales de innovación empresarial estamos rezagados.

Hoy, apenas 10 productos se están llevando casi el 75 % de nuestras exportaciones y si no tienen valor agregado tecnológico, lo que está mostrando esto es una debilidad, generada en buena medida por la dificultad que existe en Colombia para hacer negocios.

Colombia tiene una tarifa de renta corporativa del 34 por ciento, por encima del promedio de la OCDE, y si las empresas generaran ingresos superiores a 800 millones de pesos, la tarifa de renta corporativa es del 40 %. Si a eso le sumamos todos los impuestos para pequeñas y medianas empresas, casi que las cargas efectivas de tributación superan el 60 y hasta el 70 %. Además, tenemos trámites excesivos del gobierno para la pequeña y la mediana empresa y un exceso de regulación e inestabilidad jurídica. En los últimos años Colombia ha expedido 68 mil resoluciones que regulan al sector privado, más de 17.000 decretos y 2.000 circulares, así es muy difícil impulsar cualquier cosa en este país.

Si queremos que la ciencia, la tecnología y el emprendimiento prosperen, necesitamos medidas concretas. Primero, es necesario acceso amplio a la tecnología con Internet móvil que conecte al menos al 70 % de los colombianos, con cobertura total en 4G y adopción temprana con rápida expansión de 5G. Debemos crear una estrategia integral de lucha contra la piratería informática y el cibercrimen, apostarle a la adopción temprana en profundidad con un marco regulatorio limitado a la protección del consumidor y una exención de renta por 5 años por generación de empleos permanentes en nuevas industrias en: Internet de las cosas, inteligencia artificial, Big Data y datos abiertos, impresión 3D y el desarrollo de apps.

Debemos potenciar las exportaciones de software, fortaleciendo las capacidades nacionales con formación digital temprana y aumentar la inversión en I+D+i a mínimo el 1,5 % del PIB, con incentivos para la iniciativa privada, el registro de patentes y los doctorados, con énfasis especial en Medicina, genómica de última generación, biotecnología y agricultura.

Colombia necesita desarrollar robótica, impresión en tercera dimensión, más inversión en inteligencia artificial y que las industrias creativas, lo que conocemos hoy como economía naranja, prospere como un vehículo de conexión con las tecnologías exponenciales colaborativas que hoy dominan el mundo. La ciencia y la tecnología no pueden ser rezagadas, cuando son la oportunidad para un mejor país.

*Precandidato presidencial CD

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Mercado de valores 2.0

Colombia debe multiplicar el número de emisores y tener mejores costos para que las empresas consideren el mercado una fuente de financiamiento. Por: Iván Duque Márquez. 24 de agosto de 2017. Diario Portafolio.

Colombia ha visto un gran progreso en el mercado público de valores durante los últimos 20 años. Tenemos más empresas listadas, hay mayor profundidad, más productos, tecnología e integración con otros países que evidencian modernidad, dinamismo y oportunidades. 

Lo cierto, también, es que como país no podemos dormirnos en los laureles ni mucho menos caer en el lamentable conformismo que tantas veces nos pasa la cuenta de cobro. Tenemos que aceptar realidades duras y crudas, como que para el tamaño de nuestra economía nuestro mercado público de valores es pequeño y está principalmente dominado por la renta fija, expresada en títulos de deuda gubernamental. 

Hoy debemos ser exigentes y reconocer que tenemos pocas empresas listadas en bolsa comparadas con las de otros países de la región y que son pocas las que transan más de 5 millones de dólares diarios. Ante esta realidad, tenemos que fijarnos una agenda nacional que permita a los mercados de capital cumplir con su propósito de ser un vehículo intermedio entre el ahorro nacional y el desarrollo empresarial.

¿Cuáles son las acciones puntuales en las que tenemos que concentrarnos?
Actualización normativa: las leyes 964 de 2005 y la 226 de 1995 deben adaptarse a las nuevas realidades de los mercados de capital y reconocer la mayor integración y globalización de transacciones, al igual que los nuevos productos que están tomando protagonismo. 

Dinamización de las ofertas públicas iniciales: Colombia debe multiplicar el número de emisores y tener mejores costos e incentivos para que las empresas consideren el mercado una fuente de financiamiento con óptimas condiciones de plazo y tasas.

Sofisticación de productos: si se actualizan los productos y se abren oportunidades para sectores como infraestructura, mediante vehículos de deuda, se pueden brindar opciones alternativas para el financiamiento de carreteras, puertos y aeropuertos. 

Incentivos a la inversión: el país tiene un porcentaje muy bajo de personas naturales que invierten en acciones, lo cual evidencia desconfianza, desconocimiento y falta de incentivos. Hoy debemos crear condiciones tributarias para que el ahorro pueda orientarse al emprendimiento y no ser castigado mediante impuestos a los dividendos. 

Más competencia: Colombia ha visto cómo se ha disminuido el número de comisionistas y se concentra el mercado. Esto no es una buena noticia, y debemos facilitar, en el contexto de mayor inversión, que se multipliquen firmas, con mejores estándares de gobierno corporativo, que conecten recursos privados con empresas y proyectos. 

Tecnología hacia las pymes: si el país apuesta por una regulación más liviana pero no menos exigente, puede permitir que las tecnologías financieras se orienten a desarrollar y conectar productos con las empresas en expansión. Esto permitiría que tuviéramos plataformas de fácil acceso y operación por parte de la ciudadanía. 

Más empresas Estatales listadas: el Estado también debe apostar a tener más empresas listadas en el mercado público de valores. Empresas como Cenit y Banco Agrario pueden listarse, al igual que otras empresas industriales y comerciales del orden nacional y territorial. Además de los beneficios financieros, tiene efectos positivos en la calidad de la información y la transparencia corporativa. 

Aceleradores y gobierno corporativo: la Bolsa de Valores debe impulsar de nuevo programas de capacitación y aceleración de emisores, facilitando conocimiento en buenas prácticas de gobierno corporativo, información contable y estándares de gestión financiera. 

Educación financiera: Colombia está muy atrasada en esta materia. No solo estuvimos en el último lugar de las pruebas Pisa y luego nos retiramos, sino que el Gobierno le ha restado importancia a un asunto vital. La educación financiera debe ser parte de la formación académica, pensando en una sociedad donde se profundicen los seguros, la bancarización y la conciencia sobre el uso y el sentido de los mercados de capital. 

Colombia debe pensar en la modernidad de su economía, impulsar el emprendimiento como vehículo para la generación de empleos formales y estables. Para eso necesitamos un mercado público de valores volcado hacia ser el vehículo a través del cual las pequeñas y medianas empresas se expanden, modernizan, transforman sectores y agregan más valor. 

En los últimos cinco años, nuestro mercado se ha venido enfriando y esto poco conviene en momentos en los que necesitamos más ofertas de financiamiento para nuestro sector corporativo. Hoy más que nunca necesitamos entender que mientras se democratice la propiedad de las empresas, todos estamos involucrados con el futuro del país.

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Naranja y tecnología

Internet tiene prácticamente 3.700 millones de visitantes activos y la economía que detona se ve expresada en más de 8.000 millones de dólares de ventas digitales de música cada año, sin mencionar los 18.000 millones que mueve el mercado de inteligencia artificial.

Vivimos en un mundo donde el poder de la cultura, sumado a la capacidad de la tecnología para volver los contenidos exponenciales, está transformando nuestra sociedad. Este mes la canción de Luis Fonsi, Despacito, se convirtió en la más descargada de la historia, alcanzando más de 3.000 millones de reproducciones algo que, hasta hace muy poco, tomaba muchísimo tiempo, además de un largo proceso de comercialización y mercadeo. La velocidad a la que se mueve la tecnología hace que hoy internet sea cada vea más el lugar donde los contenidos culturales se comparten, diseminan y alcanzan a través de dispositivos móviles la conciencia y el gusto de miles de millones de personas.

Internet tiene prácticamente 3.700 millones de visitantes activos y la economía que detona se ve expresada en más de 8.000 millones de dólares de ventas digitales de música cada año, sin mencionar los 18.000 millones que mueve el mercado de inteligencia artificial.

Velocidad y contenidos, propiedad intelectual y tecnología, son también la principal causa para que el mercado de aplicaciones móviles pueda llegar a mover 77.000 millones de dólares al año y que se calcule que los servicios de Cloud superen en los próximos años el umbral de los 247.000 millones de dólares, conectándose con un entorno de mercadeo digital que se traduce en ventas electrónicas que superarán anualmente 2,3 trillones de dólares, superior al PIB de Brasil o de México.

El mundo de los contenidos, donde la cultura y la propiedad intelectual juegan un papel fundamental, se está convirtiendo en el más importante factor de nuestra era. Mientras las exportaciones movilizadas en barco crecen a un promedio de tres o cuatro por ciento, cada año, los cables submarinos que transportan datos crecen en más de un cincuenta. Como diría alguien, en un día sin internet un país puede perder cerca de 23 millones de dólares por cada diez millones de habitantes.

Si este es el mundo en el que nos movemos, qué podemos hacer para jugar en grande. El deber nuestro es crear las condiciones para que el talento que tenemos sea fuente de capital humano. Colombia tiene que apostarle hoy a los fondos de capital emprendedor orientados a estos sectores, debe ser mucho más flexible en permitir que plataformas de Crowdfunding crezcan en el país y que haya una agenda para pequeños exportadores de servicios, facilitándole su integración con los mercados internacionales, con menos trámites y herramientas para que nuestros creativos puedan conutrirse, coproteger y cocrear con otros creativos en otras latitudes.

La Economía Naranja representa en Colombia en aporte al PIB más que el café y la minería. Pero necesita también integrarse con lo digital, debemos pensar en un régimen de exenciones tributarias agresivo para que vengan inversiones en Big Data, inteligencia artificial, el internet de las cosas y, por esa vía, abrirle oportunidades a quienes quieren entrar en carreras y servicios digitales.

Colombia cuenta hoy con la Ley Naranja, un vehículo para ordenar las políticas públicas y apostarle a este sector como una de las nuevas fuentes de desarrollo económico y social. Si esa Ley se implementa de la mano con una mayor amplitud de incentivos y disminución regulatoria, donde la tecnología sea el gran acelerador del talento, no tengo duda de que podremos dar un gran salto cualitativo. Esta es la apuesta que debemos tener como país.

*Precandidato Presidencial del Centro Democrático.

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Austericidio

Nadie duda de que aplicar austeridad es necesario, luego de tanto derroche gubernamental.

Hace pocos días, el Gobierno Nacional presentó el proyecto de presupuesto para el 2018, en el cual se ven serias inconsistencias y graves contradicciones. Para empezar, los fundamentos macroeconómicos son optimistas frente a la desaceleración de la economía, la pérdida de confianza de la industria y los consumidores y, por supuesto, la asfixia tributaria que está espantando los deseos de inversión privada. 

Pero el problema del presupuesto presentado no está en la inconsistencia macroeconómica, sino en la incongruencia de aumentar los gastos de funcionamiento y reducir la inversión pública. Uno de los casos más notorios está en el manejo de la nómina, en el cual, para el año 2018, la Rama Ejecutiva aumenta su planta en 6.961 cargos, y los funcionarios asociados al sistema de transferencias crecen en 6.172 puestos de trabajo. Solamente la Rama Ejecutiva aumentó en 10 por ciento el número de cargos, mientras el costo se incrementó en 15 por ciento. 

¿Dónde se ven los grandes aumentos de nómina? En el sector agropecuario la nomina crece 13 por ciento; en comunicaciones, 16 por ciento; en Hacienda, 22 por ciento, y en inclusión social y reconciliación, 47 por ciento, pasando de 7.049 cargos a 10.361. Lo absurdo es que, mientras estos aumentos de nómina tienen lugar, el presupuesto de inversión cae 17 por ciento.

La tijera de inversión también evidencia severas incongruencias. Mientras el país requiere avanzar en la jornada única escolar, el presupuesto de inversión en educación cae 10,7 por ciento, afectando la necesaria expansión de la infraestructura. Mientras el país necesita mejorar la dotación de la seguridad para enfrentar los riesgos del narcotráfico y ejercer control efectivo territorial, el presupuesto de inversión para Defensa y Policía, se reduce en 9 por ciento. 

Aunque el gobierno se dedica a grandes anuncios en materia social, también es notorio que la inversión en este sector tendrá una reducción del 11 por ciento. Lo mismo ocurre con el ramo de transporte, en el cual se hacen promesas de inversión semanalmente y es notorio que en el 2018 el sector tendrá 12 por ciento menos recursos que en el 2017. 

Otro aspecto preocupante tiene que ver con el sector Justicia, en el cual se hacen declaraciones sobre la preocupante situación de las cárceles y la urgente necesidad de fortalecer la capacidad institucional. A pesar de los discursos, es evidente que este Ministerio tendrá una reducción del 47 por ciento en su presupuesto de inversión. 

Dicen que fortalecerán al campo y su presupuesto de inversión cae 5,8 por ciento; hablan del compromiso contra el cambio climático y le disminuyen 24 por ciento la inversión al sector ambiente; hacen eventos a favor de la cultura y le reducen la inversión en 21,7 por ciento, mientras que en materia de ciencia y tecnología, recortan la inversión al ramo en 42 por ciento.

Nadie duda que aplicar austeridad es necesario, luego de tanto derroche gubernamental, pero hacerlo por cuenta de afectar la inversión en sectores necesarios para el desarrollo es una torpeza, con consecuencias negativas para todo el país.

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Cerco Normativo

Colombia necesita un Estado ágil, moderno, transparente que corrija el error histórico de ver al sector privado solo como una fuente de ingresos fiscales y entienda que este es un socio que necesita para la generación de empleos formales, que a su vez es la más importante de las políticas sociales a las cuales podemos aspirar. 

Uno de los mayores obstáculos que tiene el sector privado en Colombia es la inestabilidad jurídica. Las decisiones judiciales, los excesos regulatorios, las circulares abruptas y la ausencia de reglas claras están espantando a inversionistas en sectores estratégicos para el país.

La presión normativa es tan absurda, que en los últimos 16 años se han producido más de 68.000 resoluciones, 17.000 decretos y un poco menos de 3.000 circulares, cada una con implicaciones para el desarrollo de negocios en el país. Así es prácticamente imposible tener un claro entendimiento, monitoreo y adaptabilidad de los procesos económicos a cada una de estas medidas. Si no obramos para que esto cambie, será imposible que exista un marco transparente para que las empresas se expandan y surjan nuevos negocios de manera dinámica.

Como si fuera poco, es absurdo ver el interminable número de ventanillas a las que tienen que acudir los empresarios: la Dian, el Invima, la UGPP, la Anla, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio, sin mencionar otras de carácter regional como las corporaciones autónomas, las cámaras de comercio e instrumentos como Sayco, Acinpro, entre otros. Esa multiplicidad de ventanillas hace que los trámites sean engorrosos, que se generen costos adicionales y, lo que es peor, terminan generando, en muchos casos, una maraña de peregrinaje burocrático e inclusive de corrupción. Trámites y más trámites se ven en la minería, la ganadería, la industria y el comercio, los restaurantes, el turismo, etc.

Estamos viendo, además, la proliferación de decisiones judiciales donde por la vía jurisprudencial se quieren hacer reglamentaciones a distintos negocios. Hoy las cortes se han convertido en sus intérpretes, llenando vacíos normativos o regulatorios de la ley y generando una interminable incertidumbre.

Ha llegado el momento de actuar y la forma de hacerlo empieza por un Estado eficiente que asuma unas decisiones claras e incontrovertibles. En primer lugar, hay que darles a los sectores condiciones para operar de manera sostenida y sin incertidumbre. Es urgente actualizar el Código Minero para que todos los vacíos regulatorios estén llenados en las propias normas. Tenemos que hacer una revisión de todos los trámites del sector privado ante el Estado y llevarlos a su mínima expresión, creando una Ventanilla Única de Comercio y Emprendimiento (VUC). Esto haría al Estado más ágil, más transparente y con más capacidad de control, reduciendo costos y generando confianza.

Es necesario que desde la Dian disminuyan los tiempos para devoluciones de impuestos y períodos de fiscalización, y que entidades como el Invima puedan otorgar certificados de buenas prácticas de manufactura de manera rápida, sin sacrificar la calidad de la inspección, pero corrigiendo la situación que se vive hoy, en la que empresas competitivas se están tardando doce o catorce meses para recibir unos permisos que les permiten hacer transformaciones industriales y productivas.

Colombia necesita un Estado ágil, moderno, transparente que corrija el error histórico de ver al sector privado solo como una fuente de ingresos fiscales y entienda que este es un socio que necesita para la generación de empleos formales, que a su vez es la más importante de las políticas sociales a las cuales podemos aspirar. Con mayor formalización laboral, el país empezará a tener sistemas de salud, pensionales y tributarios sostenibles, y así consolidar el camino a la equidad.

*Precandidato presidencial CD

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