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El palo en la rueda

Esta demanda es el génesis de la limitación del fast track y uno de los instrumentos por medio del cual se lograron introducir cambios importantes en la implementación de los acuerdos de La Habana. Por: Iván Duque Márquez, El Colombiano, diciembre 10 de 2017.

La Corte Constitucional declaró esta semana improcedentes las nulidades que se presentaron en contra de la sentencia que modificó las reglas de juego del Fast Track. Es decir, dejó en firme el falló que había proferido en mayo en el que tumbó dos de sus literales del artículo primero. El literal ‘h’, que establecía que los proyectos solo podrían tener modificaciones con el aval previo del gobierno; y el ‘j’, que permitía que las leyes se votaran en bloque y no artículo por artículo, como pretendían el gobierno y las FARC.

Si bien el fast track terminó el pasado 30 de noviembre, en esta época de reflexión vale la pena dejar en claro que este fallo solidifica la sentencia y ratifica la demanda que interpusimos en agosto de 2016 contra el acto legislativo para la paz. Esta demanda es el génesis de la limitación del fast track y uno de los instrumentos por medio del cual se lograron introducir cambios importantes en la implementación de los acuerdos de La Habana.

En el texto final de la Justicia Especial para la Paz, por ejemplo, se logró incluir un nuevo régimen de inhabilidades para los magistrados del Tribunal de Paz, impidiendo que se posesionen en estos cargos a quienes hayan litigado casos de derechos humanos contra el Estado o haya hecho parte de estas organización. Se estableció que los delitos de violencia sexual a menores no tienen ninguna relación con el conflicto armado y por tanto no podían ser susceptibles de los beneficios de la JEP. Y se estableció que  a los excombatientes de las FARC a quienes se les compruebe su responsabilidad en delitos cometidos después del primero de diciembre de 2016 se les quitarán todos los beneficios. Por la vía de la Corte Constitucional se imprimieron otros cambios como  el hecho de excluir a los civiles de la obligatoriedad de pasar por la JEP y el levantamiento de las restricciones a la tutela.

En muchos otros proyectos presentados vía fast track también hubo posibilidad de discusión y de hacer modificaciones y en otros casos hasta la posibilidad de que se hundieran proyectos completos, como el caso de las jurisdicciones especiales de paz, que ahora el gobierno intenta revivir con mecanismos hechizos.

En general, con esta demanda —que redactamos, presentamos y defendimos, y que la Corte acaba de dejar en firme— logramos algunos triunfos para la democracia.

Claro que hay muchos cambios de fondo que faltan por hacer a los Acuerdos, por mencionar algunos: El narcotráfico no debe ser un delito amnistiable; la erradicación y la sustitución de cultivos ilícitos deben ser obligatorias. Las Fuerzas Militares no deben ser homologadas frente la justica con grupos ilegales. Los responsables de crímenes de lesa humanidad no pueden llegar al Congreso sin haber dicho toda la verdad, reparado a las victimas y sin haber cumplido penas proporcionales.

El fast track fue un instrumento perverso, porque fue rechazado el dos del octubre de 2016 por los ciudadanos en las urnas y porque permitió que las FARC terminaran manoseando nuestra Constitución y nuestras leyes. No obstante, la demanda que quedó en firme esta semana, fue un triunfo para la legalidad y la separación de poderes, pues permitió que el Congreso dejara de ser un simple notario de un acuerdo espurio lleno de pretensiones de impunidad.

 

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El conejo continúa

 En un acto inusual, irrespetuoso y  desafiante el Ministro del Interior salió a desautorizar al Congreso y más tarde el presidente anunció que el Acto Legislativo había sido aprobado. Las circunscripciones especiales fueron rechazadas por las mayorías en el Congreso pero el gobierno, con una interpretación errada, intenta pasar otra vez por encima de la voluntad popular. Por: Iván Duque Márquez, El Colombiano, diciembre 3 de 2017.

 

Una vez más el gobierno intenta burlarse de los colombianos y sus instituciones. Una vez más lo hace presionado por las Farc y tratando de pasar por encima del poder legislativo. Esta vez pasó por alto la separación de poderes y desconoció la autoridad del secretario general del Senado, en una actitud monárquica de querer, como ya es su costumbre, desconocer otros poderes públicos para favorecer a las Farc.

El acto legislativo que creaba las 16 circunscripciones especiales (16 curules para zonas de dominio de las Farc) no logró los requisitos necesarios de ley para ser aprobado el jueves, en el último día de la vigencia del fast track y, por ello, la Secretaría General del Senado así lo dejó formalmente expresado.

En un acto inusual, irrespetuoso y  desafiante el Ministro del Interior salió a desautorizar al Congreso y más tarde el presidente anunció que el Acto Legislativo había sido aprobado. Las circunscripciones especiales fueron rechazadas por las mayorías en el Congreso pero el gobierno, con una interpretación errada, intenta pasar otra vez por encima de la voluntad popular. Es clarísimo que tratándose de actos legislativos se requieren 52 votos favorables para su aprobación, pero además hay que señalar que en la votación del pasado martes ya se había hundido el proyecto con 38 votos a favor y 16 en contra y la Corte Constitucional ha sido clara en que cuando esto sucede se entiende negado el proyecto y no se permite repetir la votación.

Pero más allá del debate jurídico que quiere dar el gobierno, llama la atención que el Ministro desautorice al Secretario del Senado por los medios en un acto que demuestra el poco respeto que tiene por las decisiones del legislativo. El secretario no solo es el notario de las decisiones sino que es quien las certifica y merece todo el respeto del ejecutivo.

No lo reconoció así el gobierno que parece dispuesto a hacer lo que sea para cumplirles a las Farc. Las circunscripciones especiales, que según el gobierno son para campesinos y para víctimas del conflicto, son un mecanismo de manipulación de las circunscripciones electorales para favorecer a las Farc, algo que se conoce técnicamente como Gerrymandering, que no es más que la manipulación de las circunscripciones para mejorar o empeorar los resultados electorales de un determinado partido. Estas circunscripciones se sumarían a las 10 curules que ya les otorgaron a dedo para las cuales no tendrán que sacar un solo voto.  

Esta es una agresión a la separación de poderes igual a la que se dio cuando el gobierno le dio súperpoderes al ejecutivo sobre el legislativo en el Acto Legislativo para “la paz”, el cual demandamos y que corrigió la Corte poniéndole limitaciones al fast track.

Hoy estamos ante nuevos conejos, similares al primero cuando desconocieron la voluntad popular expresada el 2 de octubre de 2016 en el que las mayorías dijeron no al acuerdo con las Farc. 

Ese mandato del ‘No’ fue desconocido por el gobierno que, no solo no hizo ninguna modificación de fondo, sino que se valió de argucias y presiones a las cortes para que las mayorías parlamentarias fueran las que refrendaran el acuerdo. Ahora con su misma habilidad para desconocer la ley y la voluntad popular quiere cometer un nuevo abuso para asegurarles más curules a las Farc.

 

 

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Colombia piensa digital

El país enfrenta el gran reto de profundizar su sector de las TIC. 

Colombia enfrenta el gran desafío de profundizar su sector de tecnología y comunicaciones. Hacerlo requiere de una agenda ambiciosa en materia de reformas, calidad de las políticas públicas y promoción estructural del sector privado, en un ambiente de mejor regulación.

El avance de este sector será vital para que la educación, las industrias creativas y la provisión de servicios sean cada vez más eficientes y, al mismo tiempo, beneficie a un mayor número de colombianos. ¿Cuáles son los grandes retos que tenemos para que el sector incida positivamente en los próximos años en la productividad de nuestra economía, aumente la inversión y permita que nos integremos como país a más cadenas de valor?

Para empezar, debemos entender que los principios que deben guiar al sector deben cimentarse en un minimalismo regulatorio, mayor convergencia, descentralización institucional y la masificación del acceso a la tecnología. 

En lo institucional es necesario que la política de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sea proinversión, procobertura y proexpansión de la banda ancha. 

La regulación debe facilitar la transformación digital y adquirir una connotación transversal, convergente y transparente, además de independiente, así como lo han logrado países como Estados Unidos, México o Argentina.

En materia de competitividad, tenemos que hacer una mayor digitalización del acceso a servicios sociales, como historias clínicas electrónicas, enrolamiento a colegios y, en general, todos los sistemas de registros administrativos públicos y privados.

Debemos construir una llave entre la industria, la academia y el Gobierno para cerrar las brechas de talento existentes en tecnología de información y comunicaciones, sectores en los que el desempleo es cercano a cero. 

Esto nos obliga a que ampliemos la formación de ingenieros y tecnólogos vinculados a las cadenas productivas del sector y a desarrollar iniciativas que articulen programadores con necesidades comunitarias, autoridades locales y recursos público-privados para la transformación digital de la sociedad.

También debemos diversificar las exportaciones y entender que, por lo menos en el sector financiero, necesitamos profundizar fintech, que puede mejorar estructuralmente la eficiencia del sector financiero. 

En cuanto a infraestructura, hay que desplegar más redes convergentes (acueductos, vías, energía, banda ancha) y optimizar la fibra óptica, facilitar la expansión de las redes y el aprovechamiento integral del espectro electromagnético. Debemos ampliar la tecnología con internet móvil, que conecte al menos al 70 por ciento de los colombianos, con cobertura total del territorio en 4G y la adopción temprana con rápida expansión de 5G.

Por supuesto, se requiere que la seguridad integral de la red vaya acompañada de la protección de infraestructura crítica y de los usuarios, y de tener una más rápida activación de los sistemas de respuesta, así como una estrategia integral de lucha contra la piratería informática y el cibercrimen.

En cuanto al espectro, se necesita una asignación urgente de la banda de 700 Mhz, clave para la cobertura rural y la inclusión digital de las regiones más apartadas. Del mismo modo, los usos convergentes del espectro y activación de mercados secundarios para un uso más eficiente y la adopción temprana de lo que serán las coberturas de 5G y el internet de las cosas. 

En adopción digital hay que mejorar el acceso a dispositivos de mayor capacidad y mejor conectividad, con políticas que permitan hacer más asequible la tecnología, sumado esto a una agenda de identidad digital del usuario y protección efectiva de datos.

La inteligencia empresarial debe contemplar la transformación digital de las empresas, donde tengamos backoffice digital, adopción de blockchain y big data. 

También es necesario trabajar para que el Estado sea más digital y permita que todos los ciudadanos puedan acceder a bienes y servicios desde plataformas tecnológicas institucionales.

Esta agenda acompañada de un mejor uso del big data, de datos abiertos e inteligencia artificial para crear un sistema de seguimiento a las políticas públicas, será provechoso para el país. El aprovechamiento de todas las tecnologías digitales son la base para que el país pueda cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, integrando las plataformas de los gobiernos locales con el Gobierno Nacional e incidiendo en un Estado con mayor capacidad para hacerle seguimiento a sus propias decisiones de política pública.

Un sector de comunicaciones volcado a esta estrategia está pensando en país para el futuro. Los estudios rigurosos que ha venido haciendo la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), nos inspiran a que esta agenda se convierta en una política de Estado, que cada día beneficie más a todos los colombianos.

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Quién responde

No nos engañemos, el fracaso de la reincorporación es el fracaso rotundo de los acuerdos FARC-Santos y la evidencia de que el propósito de la negociación era la impunidad de los cabecillas y no la genuina y efectiva desarticulación de una organización criminal. Por: Iván Duque Marquez, El Colombiano, 26 de noviembre de 2017.

La semana pasada el jefe de la Misión de Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, responsable de la verificación del cumplimiento de los acuerdos entre el Gobierno Santos y las FARC, denuncio que el 55% de los exguerrilleros que estaban en las zonas de reincorporación a la vida civil, las abandonaron.

Este hecho, además de ser escandaloso, es preocupante, principalmente porque se estaría abriendo el camino para una gran burla al pueblo colombiano, cuando el Gobierno, las FARC y la ONU, no han hecho nada mas que exaltar las bondades del “acuerdo del Teatro Colón”.

Entre las razones que expresó el alto funcionario del ente multilateral, sobresalió que existe en la base guerrillera una gran perdida de confianza, derivada del incumplimiento de lo pactado. Más grave aun, afirmo que las personas salían de regreso con sus familias o a vincularse a las disidencias, es decir, regresaron sin rubor alguno a sus antiguas operaciones narco terroristas, retomando las armas y entrando de vuelta a la clandestinidad.

Entonces ante la gravedad de los hechos el gobierno no puede permanecer en silencio ni mucho menos tratando de minimizar la gravedad de lo ocurrido. La autoridades deben decirle al país sin reparos cuántos de los mas de 3.500 miembros de las FARC que abandonaron las zonas volvieron a las armas. La misma misión de la ONU ha indicado que solo en el bloque oriental hay cerca de 1.100 personas en grupos disidentes, es decir mas del 40 por ciento del total de integrantes de ese peligroso bloque criminal.

Ante toda esta situación el gobierno también esta en el deber de decirle al país cuántas amnistías han sido revocadas por cuenta de la reincidencia y por cuenta de haberse incorporado a las disidencias de las FARC. Sería inexplicable que ante la denuncia de la ONU tuviéramos el reciclaje terrorista sin saber con precisión, cuáles son los miembros de las FARC que se burlaron de las instituciones.

Otro de los interrogantes que surgen de la vergonzosa denuncia tiene que ver con los beneficios de los reincidentes. Nos dirá el gobierno a cuántas personas se les suspendió el pago mensual que reciben por desmovilizarse, o por el contrario siguen pagando a todos los miembros “desmovilizados” sin saber cuántos han regresado a las armas.

No nos engañemos, el fracaso de la reincorporación es el fracaso rotundo de los acuerdos FARC-Santos y la evidencia de que el propósito de la negociación era la impunidad de los cabecillas y no la genuina y efectiva desarticulación de una organización criminal. Los hechos muestran que poco se sabe sobre la totalidad de los niños reclutados, sus redes de narcotráfico, y el paradero de centenares de secuestrados que deben estar en fosas comunes.

Mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo y los cabecillas de las FARC logran participar en política sin cumplir sus penas, el gobierno celebra un año de los acuerdos del Colón. Ojalá antes de tanto jolgorio el presidente que premió a las FARC le diga al país dónde está el 55 por ciento de los “desmovilizados”.

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El modelo económico y social de Colombia necesita una profunda reinvención.

El modelo económico y social de Colombia necesita una profunda reinvención. Y Duque tiene las ideas más próximas a ese objetivo que, sin duda, se require con urgencia.

 

Colombia es un país joven: el 66 por ciento de su población es menor de 44 años, que, en términos absolutos, da 32 millones, de un total de 49 millones, y más de la mitad (54 por ciento), 26 millones, está entre 15 y 44 años. De una manera u otra, a todos se les puede considerar la generación moderna. La X, nacidos con el fin de la llamada Guerra Fría, reflexivos y lentos; los Millenials, nacidos en la era de la globalización y el internet, que toman decisiones inmediatas, y la Generación Z, los más jóvenes.

Después de un buen tiempo de cuestionar y criticar la herencia de los mayores, en algunas partes del mundo han decidido tomar con seriedad el rumbo de su destino: en Francia, se acaba de elegir a un presidente con 40 años, en Canadá hay un primer ministro de 45 años, y el mandatario de Austria tiene 35 años. Todavía falta mucho, pero hace unas décadas era imposible concebir un relevo de ese orden en cualquiera de esos países, alegando algo que no tiene mucho sentido: “experiencia en los asuntos de Estado”, que aunque resulte cierto, quienes cuentan con ella, tampoco es que tengan mucho para mostrar.

Y no es descabellado creer que Colombia podría estar a las puertas de un fenómeno de ese tipo: un símbolo cálido y moderno de la política, que si lo hace bien, es capaz de poner a soñar y de convencer. 

¿Por qué no pensar que en Colombia podemos estar a las puertas de una ‘alianza de confianza’ para que todo el país crea, en particular la clase media y los jóvenes, que el futuro se hace con ellos y para su beneficio? Y el modelo lo tiene que liderar alguien con credibilidad e inteligencia, pero no con aire predestinado, sin vicios ni mañas, transparente en su vida personal y pública. Un colombiano que como la inmensa mayoría madruga a trabajar, sufre los problemas de inseguridad, le duele el maltrato infantil y el de las mujeres, está en contra de la depredación de la naturaleza y cree en el cambio climático. Y en economía no quiera más de lo mismo de hace 30 o 40 años, sino que se la juegue por un nuevo modelo en el cual la innovación, que resulta de la combinación de tecnología y talento, permita elevar la productividad y competitividad de la que tanto nos quejamos los mayores más para obtener prebendas del gobierno de turno, con el cuento de generación de empleo.

Luego de hacer una revisión de los aspirantes a suceder a Santos, sinceramente creo que solo hay una persona de esa Colombia moderna y joven que llena las cualidades descritas: el senador Iván Duque Márquez, calificado como el mejor senador en el 2016, y que sorprende por su formación académica, claridad conceptual y es un verdadero ejemplo de renovación, de trabajo y responsabilidad.

Si Colombia quiere dejar la mediocridad de tasas de crecimiento económico de 2 por ciento, bajar la pobreza de un dramático 28 por ciento, recuperar la dignidad del campesino y el agricultor y que la industria se modernice, el modelo económico y social debe sufrir una profunda reinvención. Y Duque tiene las ideas más próximas a ese objetivo que, sin duda, se necesita con urgencia.

Iván Duque es un abanderado de la llamada ‘economía naranja’. Buena parte del futuro de la riqueza está en el desarrollo de las industrias creativas, que estimulan el conocimiento, la creatividad y el emprendimiento. Una forma concreta de reinventar la economía. 

Una agenda joven para Colombia y no para satisfacer las apetencias de unos pocos, sí pondría a soñar a todos.

 

http://www.portafolio.co/opinion/mario-hernandez-zambrano/mario-hernandez-ivan-duque-511778

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Colombia tiene nombre de mujer

El éxito de la mujer colombiana es el éxito de nuestro país, el éxito de la mujer colombiana es también el éxito de nuestro desarrollo y ese es un compromiso que todos debemos asumir. Por: Iván Duque Márquez, El Colombiano, 19 de noviembre de 2017.

Una de las características más importantes de nuestro país es que Colombia tiene nombre de mujer. Somos un país donde la mujer es una fuerza importante. Es parte neurálgica de la economía creativa, la ciencia y la tecnología. Representa el centro de la familia, la entrega por los hijos, la laboriosidad continua en el trabajo y el hogar y la defensa permanente de nuestros valores.

La mujer es el núcleo de la familia y la familia el núcleo de la sociedad, por eso es tan importante entender que vencer la discriminación que existe en muchos frentes contra la mujer y luchar contra la violencia que las aqueja es un asunto de todos.

El año pasado las cifras de feminicidio crecieron un 22 por ciento. Por estos casos 122 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. No puede ser posible que en nuestro país, para muchos, el lugar de mayor riesgo sea la familia. La violencia contra las mujeres y contra los niños no puede ser tolerada en el ambiente familiar. No solo porque está mal cualquier forma de violencia doméstica, sino porque además erosiona la sociedad.

No es posible que el 41 por ciento de los casos de violencia sexual correspondan a niñas de entre 10 y 14 años. Según el DANE, cada día nacen 15 bebés de mujeres de entre 10 y 14 años. Esto es aberrante.

También es preocupante que en materia de participación política Colombia ocupe el puesto 67 entre los 142 países del mundo con mayor inequidad de género por la baja participación de las mujeres en política. Del total de los concejales en Colombia solo el 14 por ciento son mujeres. En las asambleas, solo el 17 por ciento, en alcaldías el 10 por ciento, el 9 por ciento en gobernaciones y el 21 por ciento en el Congreso.

Yo sueño un país donde podamos enfrentar estas desigualdades y problemáticas que afectan a la mujer y a la familia. Sueño un país donde las mujeres tengan una remuneración equitativa frente a los hombres, donde tengan la posibilidad de ascender profesionalmente, donde haya más casos de éxito de dirección empresarial al frente de la mujer, donde tengamos más mujeres en las juntas directivas de las empresas y más mujeres en el Congreso. Debemos tener un mecanismo donde la mujer pueda progresar sin sentirse jamás discriminadada y muchos menos violentada.

¿Qué podemos hacer para enfrentar estos retos? Necesitamos mecanismos de protección efectivos para las mujeres victimas de violencia. Debemos tener cero tolerancia con la violencia doméstica, acompañar a sus víctimas y prevenir con campañas y jornadas en colegios y comunidades. Debemos recupera cátedras de cívica y urbanidad para fortalecer valores y crear  escuelas de padres para forjar un mejor entorno en el hogar. 

También debemos poner como prioridad la prevención del embarazo adolescente con campañas, educación sexual y reproductiva, y el acompañamiento de la familia y, por su puesto, instaurar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Debemos buscar oportunidades laborales para las mujeres con medidas para corregir situaciones de discriminación y sancionar su persistencia.

El éxito de la mujer colombiana es el éxito de nuestro país, el éxito de la mujer colombiana es también el éxito de nuestro desarrollo y ese es un compromiso que todos debemos asumir.

 

 

 http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/ivan-duque-firma-pacto-para-buscar-participacion-politica-de-las-mujeres-y-superar-la

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El camino ambiental

Colombia necesita una agenda ambiental que genere confianza en la población y permita la armoniosa convivencia de distintas formas de producción.

Colombia necesita una verdadera agenda ambiental que genere confianza en la población y permita la armoniosa convivencia de distintas formas de producción. La premisa debe ser, entonces: producir conservando y conservar produciendo. Bajo este enfoque, la agenda ambiental no es un costo ni un pasivo, sino uno de los más importantes activos para nuestra sociedad.

Si obramos consecuentemente, la agenda ambiental debe empezar por generar armonía entre la mitigación y adaptación al cambio climático con la agricultura y la ganadería. Esta agenda incluye procesos de reconversión ganadera a sistemas sostenibles de pasturas mejoradas y la posibilidad de ganar productividad en espacios más reducidos y esquemas de rotación. De igual manera, estimular más eficiencias en el uso del agua para la agricultura, promoviendo, entre otras, las modernas técnicas de precisión. 

En cuanto al enfoque urbano, es necesario que profundicemos las agendas de utilización de energías renovables en el consumo final del parque automotor, mediante más vehículos eléctricos privados y públicos, en adición al crecimiento de las redes de transporte masivo y la ampliación de ciclo rutas. 

De igual manera, Colombia está urgida de tener una reforma seria al sistema nacional ambiental, para que las instituciones tengan mayor impacto. Ahí es necesario incrementar la coordinación entre entidades y mejorar el presupuesto sectorial, que apenas representa el 1,2 por ciento del presupuesto sin deuda. Así mismo, es necesario que las corporaciones autónomas sean totalmente despolitizadas y tengan verdaderas herramientas administrativas para ejercer el control y la supervisión ambiental 
Nuestro país está también en deuda con el sistema forestal. La deforestación sigue causando estragos y el crecimiento de los cultivos ilícitos, la minería ilegal y la falta de planificación en la expansión de la frontera agrícola están siendo los principales causantes del problema. Necesitamos tener una estrategia que nos permita cerrar la frontera y estimular la reforestación comercial, bajo el entendido de que una hectárea de bosque comercial plantado equivale en producción a 20 hectáreas de bosque natural.

Pensando en un futuro para la sostenibilidad es imperioso saber aprovechar la biodiversidad, estimulando la biogenética, la oleoquímica y la aplicación comercial de nuestra riqueza natural, sin afectar la vida de las especies en asocio con sectores de cosméticos y medicina aplicada.

Esta visión integral debe ir asociada con el uso adecuado del agua, para lo cual se requiere transparencia en el diseño y ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial. La consecuencia de este camino es que la expansión de los centros urbanos no afecte las fuentes de agua y permita una genuina planificación municipal, sin la ingerencia de contratistas.

Colombia está urgida de ver esta agenda florecer, con una gran campaña de educación ambiental que empiece desde edad temprana y nos permita reducir la huella individual de carbono, además de tener una cultura generalizada de reciclar, reutilizar y reducir. Pensar en el medioambiente es fundamental para tener una visión de país, donde la producción nacional vaya de la mano con el respeto y la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.

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¿Verdad o Posverdad?

En el contexto de la verdad histórica del país es pertinente reconocer que no existe ideología alguna que justifique masacres, secuestros, extorsiones, narcotráfico, reclutamiento de menores.

El gobierno le ha anunciado al mundo la comisión de la verdad “que tendrá la responsabilidad de reconstruir la verdad histórica del conflicto armado en Colombia”. Esa comisión está integrada por personas con claras y definidas orientaciones ideológicas, cuando la reconstrucción de la historia debe partir de la imparcialidad, del contexto legal, jurídico e institucional de Colombia, para efectos de no convertir la historia en una herramienta para justificar conductas reprochables a la luz del derecho, la ética y la moral.

En el contexto de la verdad histórica del país es pertinente reconocer que no existe ideología alguna que justifique masacres, secuestros, extorsiones, narcotráfico, reclutamiento de menores.

Bajo ninguna circunstancia se puede justificar “la rebelión” como si por la violencia un país democrático pudiera permitir la oposición a la vida, honra y bienes de los ciudadanos con la idea de ser luchadores sociales. Si se llegara a aceptar que el camino de las armas es una forma de hacer política, sencillamente estaríamos relativizando la ley y la moral.

Nadie desconoce que Colombia ha tenido desigualdades, que ha padecido el clientelismo y la politiquería y que ha sufrido los embates de la corrupción, pero ello jamás justificará la violencia. Nuestro país debe derrotar esos fenómenos en democracia, en las urnas, pero bajo ningún pretexto justificando ninguna actitud que vaya en contra del ser humano, de la vida, de la dignidad.

Que se han presentado abusos por parte de algunos miembros de las fuerzas armadas y han deshonrado el uniforme, merece sanciones sin dobleces. Pero no se puede homologar a las fuerzas armadas con el terrorismo, porque han sido las fuerzas de la legalidad y la Constitución. Las Farc han sido un grupo narcoterrorista antes que un actor político.

La comisión de la verdad no puede prestarse para hacer una reconstrucción de la historia reivindicando, justificando o suavizando el papel de los grupos armados ilegales. Una comisión de la verdad debe partir por reconocer sin dobleces quiénes han estado por fuera de la ley.

El riesgo que existe es que las tendencias ideológicas conviertan a esa comisión en una comisión de la posverdad, que busque atenuar la larga carrera de violencia en cabeza de los grupos armados ilegales. No existe diferencia entre un asesinato cometido por un paramilitar o un guerrillero. Los dos a la luz objetiva del derecho son igual de repudiables. Ninguna ideología podrá justificar su carrera criminal. Llama la atención que en la vida intelectual de quienes van a conformar la comisión de la verdad ha habido una forma para minimizar, atenuar o inclusive tratar de justificar “la lucha armada”.

Los colombianos merecemos que nuestra historia sea reconstruida con objetividad y sin la incidencia de ideologías. Poca credibilidad tendrá una comisión en la cual no han participado otros sectores del país y se ha preferido un sesgo ideológico.

Debe crearse una comisión paralela, de académicos, con el liderazgo de alguna universidad para no dejar que nuestra historia se escriba en función de las pretensiones de las Farc sino que nuestra historia permita dejar en claro que no existe ninguna forma de violencia que se pueda justificar. La verdadera paz debe surgir de un triunfo de la legalidad sobre los criminales y no darles a los criminales la posibilidad de configurar su propia verdad. El camino de manipular la realidad o de matizarla o de simplemente reorientarla nos conduce a la posverdad y la posverdad no es más que una forma sofisticada de llamar a la mentira.

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¿Constitucionalismo bipolar?

La Corte es clara. Es necesario resolver las condenas penales pendientes antes de participar en política.

Hace unos años, en la Sentencia C-577 del 2014, la Corte Constitucional expresó su postura frente a la participación política de miembros de grupos armados ilegales, condenados y sindicados por crímenes graves y de lesa humanidad. Según el alto tribunal, “la posibilidad de participación política se entiende acorde con el ordenamiento constitucional, en tanto quien entre a formar parte de la comunidad política haya saldado su deuda con la sociedad”.

La propia Corte indica que para alcanzar el objetivo de la justicia transicional, en armonía con el artículo transitorio 66 de la Constitución “es indispensable que quienes aspiren a participar en política hayan cumplido con todas las obligaciones consideradas axiales a la efectiva reincorporación de los miembros de grupos armados que hacían parte del conflicto a saber: (i) no tener condenas penales pendientes, (ii) la dejación de las armas, (iii) el reconocimiento de responsabilidad, (iv) la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas, (v) la liberación de los secuestrados y (vi) la desvinculación de los menores de edad reclutados que se encontraran en poder del grupo armado que se desmoviliza”.

La Corte no puede ser más clara. Es necesario resolver las condenas penales pendientes antes de participar en política. La misma providencia dice: “el cumplimiento eminentemente formal, o un incumplimiento en términos sustantivos, de la obligación de sancionar dichas violaciones de derechos humanos afectarían el derecho a la justicia que tienen las víctimas del conflicto armado y que la Corte encontró garantizado por el artículo transitorio 66 de la Constitución en los términos de la Sentencia C-579 de 2013”.

Estas posturas diáfanas de la Corte están ante un dilema por las concesiones que se le han brindado a las Farc. ¿Está dispuesto este Tribunal a hacer valer sus propias decisiones y exigir el cumplimiento de las penas antes de gozar de la elegibilidad política? O ¿Adecuará sus decisiones y providencias para permitirle a ‘Timochenko’ y a los demás cabecillas que lleguen al Congreso sin presentarse a la justicia?

Si la Corte obra con independencia está en la obligación de proteger los derechos de las víctimas y exigir que los cabecillas de las Farc se presenten a la justicia, brinden la verdad, contribuyan a la reparación material, penal y económica y cumplan con sus penas, antes de adelantar cualquier aspiración a cargos de elección popular. Una decisión contraria sería un monumento a la impunidad y la manipulación de la jurisprudencia en función de las presiones del crimen.

Colombia entiende la importancia de la desmovilización, desarme y reinserción como mecanismos para construir un ambiente que nos libere de violencia. Pero permitir que los máximos responsables de crímenes atroces no tengan penas efectivas y proporcionales, y puedan ejercer cargos de elección popular sin haber saldado su deuda con la sociedad, es una violación flagrante del Estatuto de Roma, una humillación a las víctimas y caldo de cultivo para nuevas formas de violencia. 

La Corte Constitucional debe obrar con congruencia y coherencia para que los colombianos verdaderamente sintamos que nuestras vidas, honra y bienes están por encima de las Farc.

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El Resurgir de Barrancabermeja

En Barrancabermeja encontré que hay familias enteras que han perdido su patrimonio y existe ambiente de desilusión en la ciudad, el Gobierno Santos le falló a todos sus habitantes.

Barrancabermeja ha sido por excelencia la sede de la industria petrolera en Colombia. Desde hace décadas es una ciudad donde conviven exploración, perforación y refinación de crudo, hasta el punto de que el aporte de la industria petrolera a la economía local es del 70 %. Esta realidad la expone de manera permanente a los choques de precio que afectan a uno de los productos más importantes en la economía mundial.

Por esa relevancia existe en el panorama de Barrancabermeja desde hace años la obra de modernización de la refinería, que el presidente Santos prometió en campaña augurando gran inyección de capital, mayor actividad económica y mayor crecimiento. Han pasado 7 años de su administración y la modernización nunca se dio. El no dimensionado costo de Reficar, sumado a la situación de precios internacionales y las complejidades sectoriales, conspiraron contra la posibilidad de la obra sin que se diera explicación alguna y menos un plan de reacción por parte del gobierno. Las expectativas que creó en la comunidad trajeron consigo que muchas empresas y personas hicieran grandes inversiones esperando la llegada de la infraestructura prometida.

Hoy la economía se encuentra deprimida, el desempleo crece (llega al 23 %) y se agudiza aún más en la juventud. El nivel de pobreza pasó de 20,5% en el censo 2005, al 25,6% en la encuesta de hogares de 2013 y la Cámara de Comercio la proyectó en 44 % para 2015. Familias enteras han perdido su patrimonio y existe un ambiente de desilusión y desesperanza en muchos ciudadanos. Quizás sea una mera coincidencia, pero no deja de ser escalofriante que en lo que va corrido del año se hayan presentado 25 casos de suicidio con una edad promedio de 36 años, y los intentos de suicidio se sigan incrementando. Estas realidades sociales y familiares tienen sumida a la ciudad en una depresión económica que necesita ser intervenida de manera estructural.

Barrancabermeja necesita una agenda de desarrollo integral que reconozca la importancia del petróleo, pero que abra oportunidades para el desarrollo agroindustrial, para casos como la oleoquímica, donde la producción de palma africana pueda orientarse, no solamente hacia el desarrollo de biocombustibles, sino también en materia de alimentos y cosmética. Es urgente que la producción de caucho pueda integrarse en clústeres donde haya diseño, innovación y valor agregado, y que el patrimonio natural de la región amplíe las ventajas para el turismo, el ecoturismo, el turismo vivencial y de aventura.

Barrancabermeja debe apostarle también a ser declarada como distrito logístico y energético, creando estímulos para que en esa región se puedan instalar empresas que le apuesten a los sectores de energías renovables, incluida la construcción de estructuras foto-voltaicas, y que la logística permita hacer esa integración oportuna y necesaria del sur y centro del país con nuestra costa norte. Esta agenda requiere también una lucha frontal contra la corrupción, la renovación de su clase dirigente y el fortalecimiento de los centros educativos universitarios con un enfoque pertinente en la ciencia y la innovación.

Las sociedades siempre están aprueba en su resiliencia cuando enfrentan crisis. Hoy Barrancabermeja como gran patrimonio de los colombianos tiene la oportunidad de transformarse para el futuro. Hacerlo nos debe involucrar a todos, porque en su territorio existe la posibilidad de darle un vuelco productivo a sectores que serán determinantes para nuestro futuro.

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La Gran FARCsa

Las Farc pasaron de la criminalidad a la política con el partido mejor financiado por el Estado, con 10 curules seleccionadas a dedo.

La verdad siempre sale a flote. Esta semana, el Consejo Nacional Electoral concedió la personería jurídica al partido político Farc y cabecillas de esa organización como los alias ‘Timochenko’, ‘Iván Márquez’, ‘Pablo Catatumbo’, ‘Carlos Antonio Lozada’ serán candidatos a la presidencia y el Congreso, sin siquiera haberse presentado a la justicia y haber pagado por sus crímenes, como tantas veces lo negaron los miembros del gobierno Santos. 

Las Farc pasaron de la criminalidad a la política con el partido mejor financiado por el Estado, con 10 curules seleccionadas a dedo y sin tener que sacar un solo voto, con emisoras para difundir su ‘ideología’, con presencia en una comisión de seguimiento legislativo, etc. Lo más grave es que todos estos beneficios y concesiones llegan sin haber entregado la totalidad de sus recursos para reparar a las víctimas, sin haber entregado toda la información de los cientos de secuestrados reclamados por la Asociación de Víctimas de las Farc, sin dar claridad sobre la entrega de los niños reclutados ilegalmente, sin haber terminado el programa de desminados y sin haber brindado la información sobre sus rutas y socios en el narcotráfico. 

Hoy, las Farc salen envalentonadas a desafiar un país, utilizando las mismas siglas del terrorismo para bautizar su partido y además siguen presionando la imposición de su agenda en el Congreso, valiéndose del poder de la mermelada para edificar sus caprichos como letra constitucional. Logran que el ‘paramilitarismo’ sea declarado ilegal, como si alguna vez hubiera sido legal, mientras en la otra mano buscan el reconocimiento de la ‘rebelión’ como una especie de derecho al servicio de los irredentos. 

Mientras todo esto se conquista por las Farc, las ‘disidencias’ siguen haciendo de las suyas, controlando territorios cocaleros y de minería ilegal, haciéndole creer al país que se trata de muchachos díscolos. ¿Acaso no negociaron las Farc a través de sus cabecillas, como una organización monolítica? 

El ambiente es aún más turbio cuando se discute en el Congreso la reglamentación de la JEP, la cual deja claro que se puede ser elegible con crímenes de lesa humanidad a cuestas y que ninguna sanción de la JEP afecta el ejercicio de los cargos de elección popular. Como si fuera de poca monta la burla, el cumplimiento de los castigos “transicionales” se aplican como jornadas de trabajo por horas.

Es aberrante que un país vea su Constitución manoseada, sus instituciones debilitadas, sus leyes acomodadas por cuenta de los clamores de impunidad de los peores criminales de nuestra historia. ¿Dónde está la dignidad nacional? ¿Dónde está la defensa de la legalidad? ¿Dónde están los límites a las aspiraciones de la delincuencia? 

Cuando una valla con la frase ‘Timochenko Presidente’ fue puesta en la ciudad de Santa Marta en medio de la campaña por el Plebiscito, no cesaron las voces que manifestaron que se trataba de una exageración para engañar a los electores. Hoy, es una realidad posible, gracias al entreguismo institucional promovido desde la Casa de Nariño. 

Las Farc pretenden burlarse de las víctimas y de todo un país. Nuestro deber está en derrotarlos en las urnas y hacer valer la legalidad, defendiendo el mandato popular del 2 de octubre de 2016. 

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El Último Patriarca

Como dirigente gremial, Fabio Echeverri Correa fue el más aguerrido defensor de la industria y producción nacional.

Según algunos historiadores, los patriarcas en la vida pública son seres que dejan huellas indelebles en la sociedad porque sus acciones, logros y legado deben ser transmitidos de generación en generación. Fabio Echeverri Correa fue uno de esos patriarcas irrepetibles de nuestra historia, que se ha despedido para que su legado, sus obras y resultados sirvan de inspiración, reflexión y examen, porque en todas las actividades que emprendió dejó un sello singular. 

Fabio Echeverri fue la encarnación de los valores antioqueños de la laboriosidad, obsesión por el campo, el emprendimiento, la franqueza y amor por la amistad. Durante su trasegar se caracterizó por contar con una combinación magistral del rigor y el humor, el trabajo y el gusto por la fiesta, la gerencia agropecuaria y la excelencia en la gestión empresarial, la práctica y el humanismo, la calle y los libros. Esa combinación deseable fue la clave de su éxito y el encanto de su personalidad. 

El doctor Fabio, como siempre se le decía, fue un estudiante educado en Medellín, Bogotá y en una de las más prestigiosas academias militares de Estados Unidos. Heredó de su padre, el exministro estrella de Alberto Lleras y parlamentario aplaudido, Luis Guillermo Echeverri Abad, el gusto por la política, la ganadería, la agricultura, la oratoria y la economía, título que obtuvo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y al cual dedicó su vida profesional.

A temprana edad fue banquero, luego gerente de empresas varias de Medellín, residente de siderúrgicas, líder del sector ganadero antioqueño, senador de la República, asesor empresarial y, por supuesto, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), cargo que ejerció por casi dos décadas, para luego ser el presidente de la Clínica Shaio y el arquitecto del movimiento Primero Colombia que, con su gerencia, llevó a Álvaro Uribe Vélez a ganar la Presidencia en primera vuelta en dos ocasiones. 

En todas sus labores fue ejemplar, pero sus dos legados más importantes están en la Andi y en el Gobierno de Álvaro Uribe, donde obró como su más cercano asesor y confidente. Como dirigente gremial fue el más aguerrido defensor de la industria y la producción nacional, presentando constantemente proyectos e ideas para reformar leyes en beneficio del feliz matrimonio de empleadores y empleados y ejerciendo una especie de escrutinio y evaluación crítica a la gestión de los gobernantes en materia social y económica. 

También desde la Andi, además de ser un polo a tierra de los gobernantes, se paró con la frente en alto para denunciar a las mafias del narcotráfico y los peligros de los actores armados como la guerrilla y el paramilitarismo cuando se veían sus sangrientos actos y luego su amenazante consolidación. Fabio los enfrentó públicamente y jamás se les amainó, por el contrario, fue tal su capacidad de denuncia que, gracias a sus planteamientos, se lograron significativos cambios de actitud por parte del Estado, que le merecieron amenazas. Su paso por la Andi marcó huella, y casi que la historia de esa organización está dividida en el antes y después de Fabio Echeverri.

Desde el Gobierno Uribe sirvió con esmero al país, con una posición discreta y, al mismo tiempo, siendo el gran orientador de una obra de gobierno caracterizada por alcanzar resultados. Su influencia le permitió a Colombia reformar el sector de hidrocarburos y el de comunicaciones, mientras ejercía como el evaluador de la gestión de un gabinete. 

Nunca aceptó Ministerios ni mucho menos la Vicepresidencia cuando le fueron ofrecidas. Aunque no lo dijera, su personalidad no aceptaba jerarquías y su mayor fortaleza era la independencia para decir lo que pensaba y hacer lo que le dictara su conciencia, sin sujetarse a formalismos o hipocresías. 

Fue el hombre más influyente y, quizás, más cercano a Álvaro Uribe durante su gobierno, y su discreción y desapego por los honores públicos lo llevó a ejercer sus funciones sin cargo ni remuneración para luego retirarse a su finca a opinar y asesorar con libertad, sin horarios ni ataduras.

Fabio fue la encarnación del carácter. Su vida fue alegre y plena, con la satisfacción de haberlo dado todo como amigo, padre, abuelo, esposo y miembro de familia. Su partida deja un vacío porque personas como él son escasas. 

Dios lo tenga en su gloria. Su legado nos seguirá inspirando.

Iván Duque Márquez 
Senador 

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COCA Nostra

Lo curioso es que en medio de estas graves situaciones, el gobierno quiere tramitar por la vía del fast track dos proyectos que terminan premiando al narcotráfico y favoreciendo la expansión de los cultivos ilícitos. Por: Iván Duque Márquez, El Colombiano 29 de octubre de 2017.

Mientras el gobierno sigue hablando de la “exitosa” Paz, las FARC permanecen sin entregar la información de su larga trayectoria de narcotráfico. No han contado cuáles eran las rutas que operaban, quiénes eran sus socios en México, Venezuela y Brasil, quiénes eran sus aliados en la cadena logística o de lavado de activos y lo que es aún mas grave, cuándo van a entregar la totalidad de los bienes para reparar a sus víctimas.

Ante esta burla la situación del narcotráfico en el país se sigue agravando. El área sembrada de coca supera los números previos a la implementación del Plan Colombia, crece el número de hombres en armas de las mal llamadas “disidencias” de las FARC, que a su vez controlan gran parte de los cultivos ilícitos en sus zonas de influencia histórica y ahora resulta que alias “El Paisa” desaparece de la supervisión del Estado con sus lugartenientes. 

Lo curioso es que en medio de estas graves situaciones, el gobierno quiere tramitar por la vía del fast track dos proyectos que terminan premiando al narcotráfico y favoreciendo la expansión de los cultivos ilícitos.

Por un lado han presentado un proyecto de “Tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores” donde por la puerta de atrás buscan reformar el artículo 375 del Código Penal, modificando el régimen sancionatorio a quienes participan en la cadena de cultivos ilícitos.

Dentro del proyecto pretenden que quienes siembren de coca hasta 5 canchas de fútbol como la del Estadio Atanasio Girardot, eviten la sanción penal del Estado bajo la premisa de considerarlo cultivos de subsistencia.

Claramente lo que hay detrás de todo esto constituye un favorecimiento al famoso “pitufeo” que consiste en la sumatoria estratégica de pequeños cultivadores para insertarlos en la cadena de abastecimiento a los laboratorios y centros de procesamiento.

Como si todo esto no fuera suficiente para constituir un escándalo nacional, el gobierno también pretende presentar por fast track un proyecto que reforma la Ley 160 de 1994, relacionada con el régimen de tierras estableciendo que las personas que a la fecha de adopción de la ley ocupen bienes incluidos por las FARC en el inventario de bienes entregado al Estado tendrán derecho a recibir una compensación con un predio de características semejantes o con dinero perteneciente al Fondo de Gestión de Tierras Despojadas.

En el caso de este proyecto, no queda duda que se está indemnizando la condición de testaferro de bienes de las FARC, como si esa organización pudiera tener algún bien de carácter lícito que permitió su ocupación “bondadosa” para los menos favorecidos.

Lo que está ocurriendo en Colombia es muy grave. Crecen las “disidencias”, el área sembrada de coca, los asesinatos de líderes sociales en las zonas de influencia histórica de las FARC, se debilita el proceso de desarme y reinserción como lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo y el gobierno pretende seguir agravando el problema premiando los cultivos ilícitos.

Los Colombianos no podemos dejar que estas normas prosperen. Nuestro desafío es enfrentar las drogas con prevención desde la familia y el colegio, aplicar sustitución y erradicación obligatoria, desmontar que el narcotráfico sea un delito conexo al delito político, desmantelar laboratorios, acelerar la extinción de dominio y la destrucción de cadenas de lavado de activos, fortalecer la interdicción, encarcelar a los jíbaros, penalizar sin criminalizar el consumo y atender integralmente a los adictos. Esa es la agenda que nos permitirá construir la paz como expresión de la seguridad y la justicia y no como la claudicación ante el delito.

 

 

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El momento de las Empresas B

Hoy en el mundo hay miles de empresas B y Colombia no es la excepción. En nuestro país tenemos empresas como María Panela, Alcaguete, Ecoflora, Crepes & Waffles y Siembra Viva que demuestran sus alcances sociales conectándose con miles de consumidores que se convierten en militantes activos de las marcas por su beneficio social. Por: Iván Duque Márquez. Revista Portafolio 26 de octubre de 2017.empresas b ivan duque

 

Las Empresas B son una verdadera revolución del capitalismo. Se trata de una nueva visión corporativa donde lo que define a la empresa no es solo el objetivo de alcanzar utilidades económicas, sino el de producir simultáneamente beneficios a la sociedad.

Bajo este paradigma surgió un modelo de negocios que se tornó en una comunidad empresarial donde existen compañías como Ben & Jerry’s, Etsy, Natura, Alter Eco y Agua Clara. Ellas logran –son más de 2.000 en el mundo- desarrollar un modelo que define a la empresa como un mecanismo eficaz para mejorar la calidad de vida, prevenir enfermedades, fomentar buenos hábitos, prevenir el cambio climático, profundizar las energías renovables, contribuir a la búsqueda de empleo para la juventud, entre otras.

Pero las empresas B son mas que eso. También son sus características el aplicar una cultura de ética y gestión corporativa que mejora las relaciones laborales entre empleadores y empleados, un esquema de responsabilidad en las relaciones con proveedores, técnicas de producción con altos estándares sociales y ambientales y muchas mas practicas ejemplares.

¿Cuáles son algunos de los distintivos de las empresas B? Entre las que han sido enumeradas por la comunidad certificadora internacional llamada Sistema B, que han sido difundidas por el autor Ryan Honeyman se encuentran: Políticas de remuneración que reducen la brecha entre altos ejecutivos y trabajadores regulares. Emplear madres cabeza de familia o población discapacitada en su fuerza laboral. Generar esquemas de representación de trabajadores en la junta Directiva de la empresa. Adelantar estructuras de reparto de utilidades que incluyan a los trabajadores. Crear condiciones de capacitación continua de la fuerza laboral. Desarrollar productos y servicios cuyo impacto en la sociedad mejoren la calidad de vida de la comunidad.

La combinación de estas condiciones hacen de las empresas B algo especial, debido a que estas medidas son voluntarias y no tienen como aliciente valerse de excepciones tributarias o de gabelas gubernamentales. Sus medidas de ética empresarial son por vocación y sostenibles dentro de un modelo de negocio innovador, transparente y motivado por la contribución a un mundo mejor.

¿Cómo se llega a ser una empresa B? Por medio de una certificación rigurosa que involucra una supervisión minuciosa de todas las condiciones que se quieren acreditar. Una vez se obtiene la certificación, la empresa se incorpora a una comunidad global denominada Sistema B, donde las empresas se apoyan, comparten, se asocian y diseminan sus productos para generar un entorno de solidaridad, dentro de una cultura capitalista consciente.

Para afianzar el rigor de este modelo empresarial las Empresas B tienen un sistema exigente de rendición de cuentas y producen reportes anuales donde describen todos los impactos sociales con el mismo peso que se le otorga a los rendimientos financieros para socios e inversionistas.

Hoy en el mundo hay miles de empresas B y Colombia no es la excepción. En nuestro país tenemos empresas como María Panela, Alcaguete, Ecoflora, Crepes & Waffles y Siembra Viva que demuestran sus alcances sociales conectándose con miles de consumidores que se convierten en militantes activos de las marcas por su beneficio social.

La importancia de las empresas B ha llevado a que en muchos países adopten leyes para darles vida jurídica, permitir un registro de las mismas, hacer públicos los estándares y crear marcos de regulación para que no se abuse de la condición B y que efectivamente se cumplan los objetivos de impacto colectivo.

Colombia marcha en esa dirección y está a un debate de tener una de las primeras leyes de Empresas B en América Latina y el Caribe. El proyecto, que define a las empresas como BIC (Beneficio e Interés Colectivo) plantea estándares, motiva este modelo corporativo y permite tener una mejor evaluación de los informes y las prácticas, es un avance en el desarrollo de la función social de la empresa establecido en la Constitución Nacional.

El capitalismo consciente involucra una convicción de aportar a la sociedad desde modelos de negocio sostenibles, escalables y competitivos en marca, diseño, motivación del consumidor, distribución y mercadeo. Las empresas BIC son para Colombia una oportunidad única que sin lugar a dudas va a motivar una mejor cultura emprendedora y a crear un entorno empresarial que contribuirá́ a tener un mejor país.

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Las plagas de un mal acuerdo

En incubación está la construcción de una agenda negativa de protesta social que quiere ser capitalizada políticamente por las Farc.

Por: Iván Duque Márquez. Diario Portafolio, 26 de octubre de 2017. 

Colombia está pagando las consecuencias de un mal acuerdo con las Farc, que ha afectado la estabilidad institucional y está amenazando de manera estructural la seguridad nacional, la justicia y, por supuesto, las condiciones sociales y económicas de muchas regiones del país.

¿Dónde están las amenazas? Para empezar, está claro que la implementación del acuerdo es desastrosa por la falta de previsión y por haber involucrado compromisos sin dimensionar cómo serían implementados. La prueba más notoria es que la Defensoría del Pueblo ha venido alertando sobre las fallas en el proceso de desmovilización, desarme y reinserción, observando que hay problemas serios en los registros y la verdadera transición hacia la vida civil de los miembros de las Farc.

Para profundizar en los asuntos que merecen alerta y pronta reacción, vale la pena destacar que si bien las Farc negociaron como una organización monolítica y de mando unificado, hoy se han creado ‘disidencias’ en distintas regiones del país que se acercan a los dos mil miembros. Estas estructuras están dedicadas al narcotráfico y están organizando grupos de cocaleros protegidos bajo el paraguas del acuerdo, que señala que el narcotráfico es un delito conexo al delito político cuando se perpetra para financiar, promover y ocultar la ‘rebelión’, seguido por hacer la sustitución y erradicación voluntaria y no obligatoria.

Esas acciones permisivas y tolerantes de los acuerdos entre el gobierno Santos y las Farc, asociadas con las estructuras criminales que siguen en el narcotráfico, se han visto reflejadas en el vertiginoso aumento de los cultivos ilícitos en el país, hasta el punto de tener más hectáreas sembradas de coca que las existentes al iniciar el Plan Colombia, a finales de los años 90. Este crecimiento del principal combustible del terrorismo es una amenaza enorme para muchas regiones donde la coca empezará a generar distorsiones frente a otros cultivos y se consolidará como un detonante de mayor lavado de activos y contrabando.

Otra de las calamidades que se están presentado son los nuevos brotes de violencia contra líderes sociales y comunitarios en las zonas del país afectadas por la violencia de las Farc y otros grupos armados ilegales. La falta de institucionalidad para garantizar la protección de muchos líderes está haciendo agua, y lo peor es que la capacidad de investigación es lenta y no presenta con claridad quién podría estar detrás de estos deleznables hechos. Tan solo en lo que va corrido del año van 81 líderes sociales asesinados.

Para finalizar la lista de problemas, en incubación está la construcción de una agenda negativa de protesta social que quiere ser capitalizada políticamente por las Farc. En ella está la satanización de sectores productivos, promover invasiones de tierras, estimular bloqueos y crear mecanismos de intimidación política a gobernantes locales y empresarios.

La configuración de este entorno es todo lo contrario a la paz. Por eso se deben hacer reformas estructurales a unos acuerdos que están creando incentivos perversos a nuevas formas de violencia e inestabilidad institucional. La verdadera paz es el triunfo de la legalidad sobre el delito y no todo lo contrario, como lo estamos viviendo, producto de la improvisación y la complacencia con las Farc.

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Mermelada con sabor a “paz”

Hoy más que nunca tenemos que rechazar la mermelada como forma de hacer política y para ello debemos unirnos para evitar que este asalto a la legalidad y a la garantías electorales sea constituido por parte de un gobierno que todos los días pierde más confianza, más credibilidad y genera más rechazo ciudadano. Por: Iván Duque Márquez, octubre 22 de 2017.

La Ley 996 del 2005, más conocida como la Ley de Garantías Electorales, ha sido un instrumento que limita la contratación pública, la vinculación de personal y la configuración de convenios interadministrativos en época electoral para prevenir que desde la Rama Ejecutiva y en contubernio con los gobernantes locales se pretenda utilizar el poder del presupuesto del Estado para incidir en los procesos electorales.

Esta ley también fue concebida de manera adicional en el contexto de la reelección presidencial para ponerle limitaciones a alcaldes, gobernadores, secretarios de despacho y otras instituciones del orden departamental y municipal para evitar la tentación de que a través de la contratación intenten inclinar la balanza electoral con los candidatos de su predilección.

El gobierno Santos ha intentado varias veces hacerle trampa a esa ley para que el Presidente pueda incidir en las elecciones. Tal fue el caso del plebiscito, donde permitió a funcionarios hacer actos de campaña y pretendió por la vía de la contratación movilizar recursos que a sabiendas terminarían estimulando las pretensiones electorales de la Casa de Nariño. Ahora, vía fast track, quiere tramitar una ley estatutaria que reforma la Ley de Garantías Electorales con el propósito de permitir la contratación directa, la contratación de personal y la celebración de convenios interadministrativos en época de elecciones con el pretexto de adelantar la implementación de los acuerdos con las Farc.

¿Cómo consuman semejante descaro? Para empezar, utilizan expresiones como las cosas “estrictamente necesarias para implementar el acuerdo”, pero en ningún lado dicen cuáles son. Lo preocupante es que la asignación de los recursos de manera excepcional estaría concentrada en varias agencias que es bien sabido están escrituradas a sectores políticos a fines con el gobierno. Estas entidades quedarían habilitadas para hacer toda suerte de contratos bajo el paradigma “de lo estrictamente necesario” donde no primará la meritocracia sino el clientelismo y la capacidad de presión de los gamonales que tienen influencia sobre el gobierno. Quedarán revestidas para utilizar el poder de la mermelada, si es que este adefesio prospera.

No nos crean tan pendejos, no se burlen de la población. El gobierno sabía que tenía que cumplir con la ley de garantías y premeditadamente pensó en este proyecto para hacerle trampa a la ley demostrando una vez más que en este gobierno todas las normas son excepcionales cuando se trata de satisfacer a las Farc y de utilizarlas como pretexto para hacer de las suyas con los recursos públicos.

Espero seguir denunciando la inmensa gravedad de que esta reforma prospere, mucho mas teniendo en cuenta que las agencias revestidas del poder de la mermelada tendrán influencia directa en las 16 circunscripciones especiales que están en zonas de influencia histórica de las Farc y en donde, además, hay preferencia por un sector político que tiene precandidato a bordo y que está queriendo jugar un papel en la conformación de coaliciones con los candidatos afines al gobierno o que representan soterradamente su continuidad.

Hoy más que nunca tenemos que rechazar la mermelada como forma de hacer política y para ello debemos unirnos para evitar que este asalto a la legalidad y a la garantías electorales sea constituido por parte de un gobierno que todos los días pierde más confianza, más credibilidad y genera más rechazo ciudadano. 

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Pilas con el Catastro

Colombia no puede improvisar por la vía del ‘fast track’ una política catastral moderna. O actuamos a tiempo o después vendrán lágrimas dolorosas. Por: Iván Duque Márquez. Diario Portafolio, jueves 19 de octubre de 2017.

Está próximo a iniciarse un intenso debate en el Congreso relacionado con la creación de un catastro nacional multipropósito, que se viene planteado como parte del acuerdo entre el gobierno Santos y las Farc. Dicha medida incluida en la ‘reforma rural integral’ ha sido vendida como la base para alcanzar una profunda redefinición de la formalización de la propiedad en Colombia.

¿Cómo está la situación catastral en el país? Para empezar, más del 50 por ciento de los registros catastrales del país están desactualizados, y existen interminables imprecisiones de linderos y áreas detonadas por alteraciones en los procesos de compra-venta que no están georeferenciados con precisión.

A esta realidad es preciso profundizar que el catastro integral nacional tiene 15,5 millones de predios aproximadamente, de los cuales el 75 por ciento son urbanos y el 25 por ciento son rurales. Bajo esa premisa existen rezagos notorios en la digitalización de la cartografía con precisión, urgiendo escalas 1:25000 y 1:10000 para definir con rigor la pequeña propiedad que comprende cerca del 80 por ciento de predios.

Los atrasos catastrales, por supuesto, tienen consecuencias fiscales, debido a las dificultades de delimitación que se traducen en menores ingresos para los municipios y poder contar con información confiable para la toma de decisiones.

Esta realidad nos obliga a entender que, en efecto, Colombia necesita una mejor política catastral. No obstante, es urgente entender que el proyecto presentado por el Gobierno debe prender importantes luces de alarma. El proyecto en ningún lugar hace énfasis en la defensa de la propiedad privada y la tenencia de buena fe como criterios claros de aplicación. Así mismo, se crean operadores catastrales privados, no existen claras precisiones de protección de la información, no hay mecanismos efectivos para impugnar actas de colindancia, ni mucho menos para exigir con efectividad inconsistencias.

Del mismo modo preocupa que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) pasará al Departamento Nacional de Planeación, que asumirá todas las responsabilidades catastrales, alejando a dicha institución de su mandato fundacional y afectando la verdadera capacidad de ejecución en la materia. También es grave que el Artículo 46 permita a organizaciones sociales actuar como operadores catastrales, que se le eche mano a las regalías para financiar el sistema, quitándole más recursos a las regiones, además de fijar una tasa de servicios catastrales confusa, en la cual el costo de las inconsistencias lo asume el usuario, esto sin mencionar que se pretende esconder que los recursos para el nuevo sistema se fijarán bajo la modalidad de inversión, cuando debería ser funcionamiento.

Muchos de los peligrosos detalles del proyecto presentado por el gobierno pueden acabar generando graves problemas de inseguridad jurídica y de conflictos sociales, relacionados con la propiedad de la tierra. Colombia necesita un sistema catastral moderno, confiable y que contribuya al fortalecimiento de las finanzas territoriales, pero el proyecto gubernamental no asegura una institucionalidad seria para un final feliz. Colombia no puede improvisar por la vía del fast track una política catastral moderna. O actuamos a tiempo o después vendrán lágrimas dolorosas.

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¿Qué hacer con la JEP?

El próximo gobierno y el próximo Congreso tienen la enorme responsabilidad de darle al país una reforma estructural de una justicia que se hizo bajo presión de las Farc. Debemos hacerlo de manera oportuna y rápida porque, claramente, la JEP es un monumento a la impunidad y eso no lo vamos a tolerar. Por: Iván Duque, El Colombiano, 15 de octubre de 2017.

Todo parece indicar que el poder de la mermelada se impondrá una vez más en el Congreso para sacar adelante la Justicia Especial para “la Paz” que, cada vez más, se parece a una justicia especial para las Farc, donde esa organización exige toda suerte de beneficios para construir sus anhelos de impunidad.

Si el Gobierno logra este empeño tiene la idea de que dicha justicia será inmodificable y les ha vendido ese argumento a las Farc. No es así, la JEP sí se puede reformar. El reciente fallo de la Corte Constitucional nos permite entender que una instancia transicional en el marco del proceso con las Farc no se pueda derogar pero, dado que su desarrollo normativo es el que le da vida, son esas normas las que sí se pueden y se deben reformar.

¿Cómo se puede reformar la JEP? A través de un acto legislativo, un referendo —dado que su vida implica reformas a la Constitución— o a través de una Constituyente. Esos mecanismos se pueden emplear, mucho más cuando la propia Corte ha dicho que los Acuerdos no hacen parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto su desarrollo debe estar compaginado con los principios esenciales de nuestra Carta Política como el debido proceso y el mandato de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos.

El próximo gobierno se va a encontrar con una JEP en etapa embrionaria, que amenaza al estado de derecho y por lo tanto es su deber introducir reformas estructurales que eviten que por la vía de las reformas exprés tramitadas con el dulce de la mermelada se les dé un golpe dramático a las instituciones y se configure una violación del derecho internacional.

¿Qué se le debe reformar a la JEP? Para empezar, no se puede permitir que criminales de lesa humanidad lleguen al Congreso sin investigación, proceso y sanción proporcional a los crímenes cometidos. Segundo, decir “toda la verdad” no puede ser una cortina de humo para evitar sanción efectiva.

Tercero, la Procuraduría debe participar como garante del debido proceso en todas las instancias procesales, no simplemente por invitación. Cuarto, la acción de tutela no puede ser relativizada con respecto a las actuaciones de la JEP. Quinto, la JEP no puede poner en riesgo el principio de cosa juzgada de otras instancias judiciales, porque amenazaría la autonomía jurisdiccional de las cortes y esto implica también que, en materia de conflictos de competencias, la JEP no puede estar por encima de otras jurisdicciones. Sexto, civiles y militares no pueden ser igualados con criminales de lesa humanidad, porque son los miembros de las Farc los que están haciendo la transición de la criminalidad a la justicia y no las fuerzas legítimas de la Constitución y los ciudadanos que se rigen por la ley. Séptimo, se necesita que la JEP tenga sanciones efectivas y proporcionales o de lo contrario estaremos poniendo en riesgo los principios del Estado de Derecho.

El próximo gobierno y el próximo Congreso tienen la enorme responsabilidad de darle al país una reforma estructural de una justicia que se hizo bajo presión de las Farc. Debemos hacerlo de manera oportuna y rápida porque, claramente, la JEP es un monumento a la impunidad y eso no lo vamos a tolerar.

 

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Los cándidatos miquitos de la JEP

Lo que va a lograr la JEP es terminar de desinstitucionalizar un país que ya tiene bastantes problemas.

Avanza en el Congreso el proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que, como todo con este gobierno, se ha convertido en una novelesca iniciativa en la cual se han, incluso, plagiado apartados de libros. Tal es el caso del Artículo 4 del proyecto que habla de la “justicia prospectiva”, idea del filósofo uruguayo Juan Llambías de Azevedo, quien en 1949 redactó un ensayo con esa idea y sobre la cual el gobierno –o el que redactó el proyecto– no tuvo recato en fusilar, convirtiéndola en artículos para que, alimentados con mermelada, se convirtieran en miquitos.

Esa redacción presuntuosa y amañada, que busca inmunizar a las Farc persiguiendo al Estado, sus agentes y al sector privado, derivó en unos cándidos miquitos que el gobierno pretende pupitriar, a la velocidad de la luz, evitando la discusión democrática y la oposición sustentada. Entre ese desafortunado texto lleno de plagios, trampas y exclusas aparecen:

1. La figura literaria de la “justicia prospectiva” como fuente de las responsabilidades penales es política, no genera responsabilidad jurídica.

2. La JEP es una constituyente de facto, reforma la administración de justicia.

3. La JEP desconoce jurisdicción especial indígena y Justicia Penal Militar, pretende subordinarlas a ella.

4. La JEP desconoce a víctimas, solo se enfoca en las del Estado o por actores diferentes a las Farc.

5. La JEP no está obligada a investigar, perseguir y sancionar conductas confesadas y/o aceptadas, el deber de aportar la verdad no genera la asunción de responsabilidad.

6. Las decisiones de la JEP no son revisables, carecen de control jurisdiccional.

7. La JEP puede extinguir acciones penales y suprimir condenas judiciales, fiscales y disciplinarias.

8. La verdad como obligación y derecho no parece cobijar a las Farc, ni la obligación de ayudar a ubicar o confesar desapariciones.

9. La extinción de dominio no aplicaría a las Farc o sus testaferros.

10. El delito de reclutamiento de menores es considerado “sustracción de menores”.

11. Se falta con el deber de ‘verdad’ al hacer secretas las listas de integrantes de las Farc.

12. La participación del Ministerio Público es voluntaria y a solicitud de la JEP.

13. Los fiscales y el Director de la Unidad de Investigaciones tendrán calidad de aforados.

14. La contratación para la JEP será regida por el derecho privado.

15. Los procesos en el marco de la ley de Justicia y Paz pueden ser revisables o reasumidos por la JEP.

No podemos aceptar esa trampa. Haber desconocido la voluntad popular expresada el 2 de octubre de 2016 le está pasando factura a un gobierno que hace todo a espaldas del pueblo con la complacencia de sus mayorías en el Congreso. 

En el Estado de Derecho, lo mínimo que esperamos es una ley previa, general, concertada y discutida, así como una justicia libre e imparcial. Lo que va a lograr la JEP es terminar de desinstitucionalizar un país que ya tiene bastantes problemas con la mala situación económica, de seguridad y la desconfianza generalizada.

 

 

http://www.portafolio.co/opinion/ivan-duque-marquez/los-candidos-miquitos-de-la-jep-510337

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Cambiar el círculo vicioso

Acabar con la informalidad es el único camino para tener un modelo económico sano.

El modelo económico colombiano está prisionero en un círculo vicioso del cual debemos salir. Somos un país con una enorme informalidad, que, a su vez, afecta el desarrollo empresarial, el recaudo tributario, la sostenibilidad del sistema de salud, la viabilidad de la institucionalidad pensional, detona el contrabando y, lo que es peor, acentúa los problemas de falta de productividad.

Si fuéramos a diferenciar los tipos de informalidad, deberíamos empezar por el sistema empresarial colombiano. Según el BID, en nuestro país más del 40 por ciento de las compañías no tiene registro mercantil y más del 50 por ciento no lleva ningún tipo de contabilidad. Esto ocurre, por lo general, en el sector del comercio; y la informalidad empresarial va ligada a empleos de baja productividad y precariedad en la remuneración.

Por supuesto, la informalidad empresarial también va atada con la informalidad laboral. De un total de 22 millones de personas ‘ocupadas’, que responden sí a la pregunta ¿ha trabajado usted al menos una hora, con o sin remuneración, durante la última semana?, solo contribuyen a pensión y salud menos de 8 millones de compatriotas. Además, es importante precisar que de los 8 millones de ‘aportantes’ a seguridad social, solo uno de cada cuatro mayores de 65 años cuentan con pensión. 

La configuración de este modelo tan débil afecta estructuralmente el sistema tributario. La gran mayoría de aportantes en el impuesto de renta son empresas, de las cuales menos de 2 mil generan más del 50 por ciento del recaudo. Por otra parte, el aporte de personas naturales a este gravamen es bajo como porcentaje del PIB, y el vínculo de la informalidad empresarial y laboral repercute en altos niveles de evasión de ese tributo y del IVA. 

En cuanto a la sostenibilidad del sistema de salud, la informalidad es su mayor enemigo. El número de personas en el régimen subsidiado es alto, y ante una población que envejece, con pobreza y sin ahorro pensional, las presiones fiscales serán siempre mayores, obligando al Estado a buscar recursos, que no tiene. 

Como si fuera poco, y dado a que el Estado sigue gastando, el sistema tributario está desorientado. Grava con más tarifas a las empresas formales que contribuyen, afectando su competitividad, y grava el consumo con IVA del 19 por ciento, incentivando la informalidad empresarial y el contrabando.

Así no podemos seguir. Tenemos que asumir una agenda que permita diferenciar tarifas impositivas a las mipymes para formalizarlas. Tener un sistema laboral menos rígido que promueva el empleo juvenil y puestos de mayor duración que mejoren las contribuciones a salud y pensión. Obviamente, para lograr esto necesitamos un Estado más eficiente y austero, que permita una mejor asignación del gasto público, y por la vía de eliminar gastos innecesarios y generar ahorros estructurales, bajar tarifas impositivas, revisar el régimen de exenciones, luchar contra la evasión, incentivar la inversión y mejorar la calidad laboral y el ingreso de los trabajadores. 

Romper el círculo vicioso de la informalidad es el único camino para tener un modelo económico sano. Hacerlo es un deber de todos, y la base para una agenda de consenso.

 

http://www.portafolio.co/opinion/ivan-duque-marquez/cambiar-el-circulo-vicioso-510570

 

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