En defensa de la legalidad

No hay duda que el Acto Legislativo 01 del 2016, construido para implementar los acuerdos entre el Gobierno y las Farc, pretendía anular el principio de separación de poderes. ¿Cómo lo hacía? Desnaturalizando las funciones del Congreso y sometiéndolo a las órdenes de la Casa de Nariño dictadas por los intereses de un grupo armado ilegal.

Según el artículo 374 de nuestra Carta Política, la Constitución solo puede ser reformada por el Congreso, una Asamblea Constituyente o un Referendo. Así las cosas, el parlamento es el único poder público que tiene una atribución exclusiva para reformar la ley de leyes en nuestro ordenamiento jurídico. Aunque esto fuera inobjetable, el Acto Legislativo 01 del 2016 señalaba que en el procedimiento legislativo especial, denominado Fast track, “Los proyectos de Ley y Acto Legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y cuenten con el aval previo del Gobierno”.

El Acto Legislativo le estaba dando un golpe mortal a la separación de poderes por dos principales razones. Por un lado, el Gobierno adquiere un poder que no tiene para reformar la Constitución, debido a que puede presentar iniciativas y ser quien condiciona qué puede y qué no puede hacer el Congreso. En segundo lugar, pretende que el Congreso quede sometido a los contenidos de un acuerdo entre el Gobierno y las FARC, otorgándole a un grupo terrorista la condición de poder Constituyente capaz de condicionar el funcionamiento del Congreso conforme a sus pretensiones.

El Congreso quedaba convertido en un ente eunuco cuyo papel se limitaba a ser un notario que protocolizaba lo que quisiera el Gobierno o la guerrilla. Por estas y muchas razones más, presenté una Acción de Inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 01 del 2016, acompañada de más de un millón de firmas de ciudadanos indignados y de la bancada del Centro Democrático. Expuse nuestros argumentos y tuve la oportunidad de sustentarlos ante la Corte el pasado mes de abril. https://youtu.be/14F_lbTMDpw

Frente a este monumental despropósito, la Corte Constitucional se pronunció y acogió nuestros argumentos y señaló que, “en la medida en que tales disposiciones contenían limitaciones desproporcionadas a la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso de la República en materias que pueden conducir a reformas estructurales del ordenamiento jurídico, sea en el nivel legal, o incluso, en el constitucional, las mismas resultan incompatibles con el principio democrático y de separación de poderes, y por consiguiente, sustituían parcialmente la Constitución”. (Ver comunicado 28 del 17 de mayo de 2017 Corte Constitucional, página 6).

Con el fallo de la Corte queda claro que el Congreso puede hacer libremente todas las modificaciones que estime conveniente a los proyectos de Ley y Acto Legislativo relacionados con la implementación de los Acuerdos entre el Gobierno y las FARC. También podrá votar artículo por artículo cada proyecto y no en bloque como se pretendía, y mucho menos queda condicionada su independencia al contenido de los acuerdos.

Tenemos que reconocer que se ha logrado defender la separación de poderes y dejar en el Congreso la responsabilidad de anteponer la legalidad y el interés general sobre las pretensiones de impunidad de las FARC.

El reto está en si el Congreso será capaz de asumir su papel histórico con independencia o se quedará sometido al dulce de la mermelada; no en vano fue el mismo Congreso el que aprobó el adefesio demandado. Esperamos que sea lo primero, porque la Constitución no se hace para “blindar” a los delincuentes del Estado de Derecho, sino para blindar al Estado de Derecho de la amenaza de los delincuentes.

 


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