Farclandia

Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización de las Farc, se están convirtiendo en un engendro que puede amenazar la seguridad territorial. La carta que le dirigió en días pasados el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, al presidente de la República, merece ser leída en detalle para entender su gravedad.

Según el artículo 303 de la Constitución Nacional, los gobernadores serán “los agentes del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público”. En pocas palabras el Gobernador es una pieza fundamental del orden institucional para garantizar el mandato central del Estado de proteger “la vida, honra y bienes” de los ciudadanos.

Basado en esas atribuciones el gobernador Pérez solicitó al Gobierno Nacional, todos los permisos necesarios para hacer verificaciones en las Zonas de Concentración de las Farc que tengan asentamiento en suelo antioqueño. Dichos permisos fueron otorgados el 28 de febrero, no solo por la sensatez y necesidad de su pedido para el cumplimiento del deber, sino porque es de la esencia de la función de preservar el orden público, tener información sobre las condiciones de tan peligroso experimento.

A pesar de contar con los permisos, al llegar a una de las visitas de verificación, unos funcionarios de las Naciones Unidas le expresaron a los delegados del gobernador que las Farc no permitirían el ingreso. Y lo que es peor, efectivos de la organización terrorista le reiteraron su rechazo a los visitantes institucionales.

¿Cuál es el mensaje detrás de estos lamentables hechos? Sencillamente que en esas zonas los que mandan son las Farc y además, los verificadores de la ONU, son unos simples convidados de segunda categoría a los “minirreinos” donde los cabecillas determinan quién entra.

Impedir el ingreso de la delegación de la Gobernación es una humillación a la democracia territorial, a la voluntad del pueblo y a las facultades de seguridad en cabeza del poder ejecutivo regional. Esta es la hora en la que la Gobernación de Antioquia desconoce quiénes son las personas concentradas, cuáles son las armas que ostentan, en qué condiciones conviven y qué riesgos potenciales de seguridad se derivan de las fallas logísticas, operativas y funcionales que sobresalen diariamente.

El silencio del Gobierno es alarmante. ¿Cuánto durarán estas zonas? ¿Cuándo y cómo se desplazan los miembros de las Farc? ¿Qué herramientas efectivas existen para el control inmediato del orden público, en caso de ocurrir incidentes de violencia? Si lo expresado por el gobernador Pérez ocurre en Antioquia ni qué decir de lo que ocurre en otros departamentos.

Ya vamos en más de 100 días desde el famoso día D y el gobierno no hace sino complacer con celeridad las exigencias de las Farc para aprobar su marco jurídico a través del “fast track”. Mientras tanto, no se sabe nada concluyente sobre la totalidad de niños reclutados, los secuestrados sin paradero, los seriales de las armas, los activos para reparar víctimas o las rutas y estructuras del narcotráfico.

El próximo primero de abril cuando los ciudadanos salgamos a las calles, también tendremos presente que marcharemos en contra de ver parte del territorio convertido en FARClandia.

 

http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/farclandia-BC6136641

 


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