Plenaria 21 febrero de 2017

* Intervención 1

Muchas gracias, señor Presidente. El Gobierno nacional ha intentado en repetidas ocasiones convertir los Acuerdos de La Habana en una especie de tomo adicional de la Constitución Nacional y lo intentaron incorporando esto al bloque de constitucionalidad en el acto legislativo, lo intentaron con una demanda del señor Eduardo Montealegre y lo intentaron, inclusive, en las interpretaciones que se le podían dar en las altas cortes, aún a pesar que en las elecciones del 2 de octubre, el pueblo colombiano rechazó la incorporación de ese Acuerdo como un segundo tomo de la Constitución, y ahora, de manera vedada, intentan hacer lo mismo a través de este procedimiento fast track que también fue rechazado en las urnas el 2 de octubre.

Nosotros hemos planteado que no rechazamos las normas de carácter humanitario para permitir la desmovilización, el desarme y la reinserción, pero darles el alcance a los acuerdos de factor de interpretación de derechos fundamentales es un abuso, como también lo es darle una obligatoriedad permanente sobre la interpretación de todos los contenidos de los acuerdos. Hay que recordarle al país que estos acuerdos no exigen pena carcelaria para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad ¿si dicen toda la verdad?, desconociendo los compromisos de Colombia con el Estatuto de Roma.

Estos acuerdos hablan de la erradicación y la sustitución de manera voluntaria y no obligatoria, en un país que en los últimos tres años ha visto triplicar el área sembrada de cultivos ilícitos. Es más, estos acuerdos hablan de permitir la elegibilidad política de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad de la FARC sin siquiera haber cumplido las sanciones que les pudiera imponer aun las alternativas la justicia especial para la Paz; y se habla de amnistía para todos los delitos que financien, promuevan y oculten la rebelión, además de haber homologado las circunstancias operacionales y de cadena de mando de las Fuerzas Militares con las FARC. A esto se le llama blindaje y el verdadero blindaje para la construcción de la paz en Colombia es que las FARC cumplan con sus compromisos, pero sobre todo que sus máximos cabecillas le respondan al país por los crímenes que cometió esa organización.

Y creo, apreciados colegas, que las instituciones no pueden quedar maniatadas a una mala interpretación o a una mala aplicación. Las políticas públicas de un país deben tener siempre la capacidad de ser revisadas cuando no estén respondiendo a los intereses del país y el país no puede quedar sometido a una serie de presiones y a una serie de imposiciones de las FARC con un Gobierno débil; las instituciones deben guardar siempre las atribuciones para corregir todo aquello que sea necesario.

Muchas gracias, Presidente.

Plenaria 14 febrero de 2017

*  Intervención 1

Muchas gracias, señor Presidente, hoy se invita a que el Senado se pronuncie sobre un proyecto a través del cual se le está entregando una vocería, ¿vocería a las Farc?, reconocida en el texto de la ley y reconocida como un gesto de la sociedad para lo que se ha llamado un ejercicio de desmovilización, desarme y reinserción, y es curioso porque se está entregando, ni nada más, ni nada menos, que el derecho a ejercer la voz de quienes han sido elegidos popularmente y llama la atención que en los últimos meses, y sobre todo en las últimas semanas, ha habido mucha rapidez por parte del Gobierno nacional, en insistir con este tipo de normas a través del procedimiento legislativo especial, denominado Fast Track.

Pero, frente a esa rapidez, que además ha pasado por encima del mandato popular del 2 de octubre, que rechazó ese mecanismo especial, hemos visto como hecho dominante la lentitud de las Farc, para cumplirle al país, yo pregunto a los señores voceros, ¿cuándo van a entregar las Farc los listados completos de los menores que han sido reclutados ilegalmente?, o vamos a seguir viendo esto con gotero y eludiendo esa responsabilidad con el país.

¿Cuándo van a entregar las Farc la información relacionado con los centenares de personas que aparecen en registro de víctimas de las Farc?, como secuestrados y su paradero, porque si fueron desaparecidos estaríamos ante un caso gravísimo, de lesa humanidad, ¿cuándo van a entregar las Farc los inventarios detallado de todo el armamento que va a ser puesto a disposición del desarme y su destrucción?, con los seriales, como se le dijo al país que iba a proceder de manera expedita ese grupo armado, ¿cuándo van a entregar las Farc la información de las rutas del narcotráfico?, ¿de los abastecedores de precursores químicos?.

¿De los vínculos con estructuras criminales de narcotráfico en países limítrofes como Venezuela?, ¿cuándo van a entregar las Farc toda la información de quienes fueron sus abastecedores de productos ilegales?, esa lentitud es la que denomina hoy la discusión. Me parece muy grave, señor Presidente, que en ese sentido acá sigamos entregándole concepciones y beneficios a un grupo, que no le ha dado la cara al país sobre estos interrogantes que son determinantes para la seguridad del país y para la creación de confianza y me temo que, si este va a ser el panorama que va a tener Colombia, lo único que vamos a ver acá, es un ultraje a las Instituciones y una burla al mandato popular, y eso, ameritará que el pueblo colombiano siga haciendo este escrutinio detallado, para que sepa enmendar las cosas, que lo que están haciendo, es fracturar el espíritu de la Carta del 91.

Gracias Presidente.

Plenaria 28 diciembre de 2016

* Intervención 1

Gracias Presidente, yo simplemente quiero dejar constancia de los 10 grandes pecados que tiene esta reforma tributaria con el polo colombiano.

El primero es que esta no es una reforma estructural, es una reforma fiscalista y alcabalera, una reforma que va a afectar al país porque no puede ser posible que le pasemos la cuenta a la clase media y a las clases menos favorecidas en momentos donde la economía tiene la peor desaceleración desde el año 2009. Cuando tenemos una inflación que se comió el aumento del salario mínimo de este año y cuando estamos viendo un pírrico aumento del salario mínimo de cara al 2017.

Segundo, esta reforma afecta de manera categórica la clase media, un IVA del 19% para el vestuario, para los electrodomésticos, para los productos de aseo personal, para los productos de aseo para el hogar es una infamia.

Tercero, esta reforma va a encarecer los costos del transporte para miles de familias con esa sobretasa a la gasolina que viene mal llamada como impuesto verde se le va a incrementar el costo del transporte y de los pasajes a muchísimos colombianos.

Cuarto, esta reforma afecta a las empresas, primero porque no reduce de manera competitiva las tarifas, sino que además con el aumento de la renta presuntiva y el impuesto a los dividendos va a disuadir la inversión en el país.

Quinto, esta no es una reforma progresiva porque va a tener la misma tarifa las empresas micro, pequeñas y medianas y grandes y en materia de dividendos van a pagar los mismos dividendos quien reciba 30 millones por quien reciba 2.000 por concepto de ese ingreso.

Sexto, esta reforma atenta contra el desarrollo tecnológico del país, un IVA del 19% al software, un IVA del 19% para los teléfonos inteligentes de más de 655.000 pesos un IVA además vergonzoso acompañado con un impuesto al consumo de datos lo que va a hacer es afectar la penetración del Internet móvil en el país.

Séptimo, aquí se van a afectar muchísimas familias con el incremento del impuesto al consumo al 8% para las motocicletas de 200 cm³, eso es un disuasorio también para mejorar la calidad de vida.

Noveno, aquí se le van a quitar muchísimos estímulos al desarrollo empresarial, que iban a generar un estímulo indirecto al contrabando de la forma como se ha manejado el impuesto al tabaco, que si bien es necesario no se contempló la gradualidad.

Y décimo aquí se va a afectar la filantropía en el país bajando las deducciones del 30 el 25%, una reforma de esta naturaleza debe darnos vergüenza, y les digo a todos ustedes el Centro Democrático rechazó esta reforma y rechaza categóricamente esta conciliación.

Gracias Presidente.

Plenaria 29 noviembre de 2016

* Intervención 1

Muchas gracias señor Presidente, señores Senadores. Ciertamente este un debate transcendental, un debate histórico, pero que empieza por reconocer algunos elementos.

El primero es que, alguien dijo alguna vez que para la construcción de la paz se necesitan tres ingredientes: se necesitad la verdad, se necesita la justicia y se necesitad la libertad.

Por qué quiero empezar por acá, apreciados Senadores, porque es cierto que Colombia ha tenido una larga historia de violencia. Una historia de violencia inclemente, una historia que afectado muchísimos lugares del país y es un país que también ha tenido enfrentar enormes dificultades sociales para cerrar brechas, para fortificar las instituciones y para darle a los menos favorecidos las oportunidades que se requieren; pero en esa historia nacional se han cometido muchísimos crímenes en nombre de esa, que llaman justicia social. Y yo quiero empezar este debate dejando con total claridad que, en nombre de la rebelión, supuestamente para tratar de aliviar esas realidades, se han tratado de justificar muchísimos crimines a lo largo de la historia del país y lo primero, que debería dejar sentado este órgano deliberativo y democrático es que, en la Colombia que se quiere construir no hay ideología alguna que justifique el homicidio, el secuestro, el trato oprobioso, la tortura, de ningún otro con nacional.

Ese debe ser el punto de partida de una deliberación, porque el gran grave error histórico que se ha cometido es que muchas veces se ha tenido tolerancia con quienes han cometido los más execrables crímenes en nombre de esos principios, una gran contradicción para un país que es respetuoso de la tradición democrática.

Es verdad que históricamente se han hecho procesos y es verdad que históricamente se han tomado posturas, quizás condescendientes, en aras de la desmovilización, el desarme y la reinserción, pero también es cierto que Colombia ha evolucionado como país y lo ha hecho de la mano con la evolución del Derecho Penal Internacional.

Y lo ha hecho para que no queden en la impunidad crímenes como el genocidio, como la tortura, como el secuestro, como los vejámenes sistemáticos contra la mujer y esa es la razón por la cual, hay, si se quiere un mojón histórico, en nuestra relación con las políticas de desmovilización, desarme y reinserción, y tiene que ver con la incorporación de nuestro país a la Corte Penal Internacional en 1998, junto a 134 países, Senadores. Colombia entró para honrar ese compromiso que nos hace una Nación mejor y que nos obliga introducir esos criterios en nuestro ordenamiento jurídico y es por eso, que después de esa transición a ese Tratado de Roma sus lineamientos, sus orientaciones, tienen que servir de imperativos categóricos para mejorar nuestra aproximación frente a los violentos.

Y aun cuando vemos las sentencias de esa Corte en los casos Catenga, Bemba y el del este año de Jean-Pierre Bemba el 16 de marzo, nos da parámetros para entender que un país democrático puede y debe alcanzar la desmovilización, el desarme y la reinserción, pero no puede ser tolerante con esos crímenes.

Es importante, apreciados Senadores, que tengamos claridad en que la construcción de la paz también empieza por sembrar en el país el principio del imperio de la ley y de la seguridad, y que tratar de mirar esas políticas con desdén o mirarlas simplemente como petimetre de sastrería que son ornamentales, nos hace daño porque la seguridad y el imperio de la ley son el más importante bien público que le podemos entregar a las regiones, que han sido durante tanto tiempo golpeadas por el acecho de los violentos.

Y eso me trae, Senadores, a la discusión sobre el Proceso de Paz del Gobierno Santos, con las FARC. Es cierto que muchos gobiernos han intentado una aproximación de diálogo, de negociación, si se quiere, pero siempre ha habido un precedente histórico y ha sido la conformación de un consenso nacional. Razón tenía el Presidente Kennedy cuando decía que, se pueden ganar elecciones con el 50% de los votos, pero no se puede gobernar un país con el 50% de los votos. Y este debate tiene que permitir reconocer los errores que se cometieron porque nunca, salvo la instancia previa o quizás mejor posterior al Plebiscito, se permitió un diálogo franco, dispuesto a tratar, a tratar, de escuchar la opinión del otro. Aquí, lo que se vio fue un Gobierno que empezó a utilizar la paz, contrario a los precedentes históricos, para hacer una satanización de quienes tenían opiniones críticas y convertirla en una plataforma totalmente electoral o electorera. Pero quizás ese ya no es el debate hoy.

El debate hoy también implica reconocer los errores que el propio Gobierno cometió cuando les dijo a los colombianos que este proceso duraría meses y no años, y cuando les dijo a los colombianos que este proceso sería refrendado popularmente con un referendo, que obligó a que este Parlamento modificara la ley para que los referendos pudieran tener lugar el mismo día de las elecciones.

Cuatro años después, con toda esta satanización y demonización de quienes tenían argumentos válidos, y no aceptando las posturas y las recomendaciones y las sugerencias, se le anunció al país en La Habana un Acuerdo. Un Acuerdo que sería ya no motivo de refrendación a través de un referendo sino a través de un plebiscito, que al mismo tiempo le producía graves daños a las instituciones, porque aquí se modificaron las normas del plebiscito bajando los umbrales; en el Congreso de la República después de haber sido aprobados en el Senado y en la Cámara se quitó la reglamentación de la publicidad estatal, para que no fuera un mecanismo que generara distorsiones en la opinión del electorado. No se impusieron límites al financiamiento de las campañas y fuera de eso se promovió la participación activa de proselitismo de los funcionarios públicos.

En ese mismo contexto se empezaron a generar rupturas institucionales muy graves para lo que sería la implementación. Entregándole al Presidente de la República facultades extraordinarias no precisadas que van más allá de los límites que imponen la Constitución y la ley; se creó el mecanismo para reformar la Constitución en pocos días, cambiar la ley en pocos días; y adicionalmente, convertir al Congreso en un Congreso eunuco, que solamente puede modificar aquello que el Presidente de la República le permita. Pero, más no contentos con eso, se quiso reglamentar el control de constitucionalidad volviéndolo único y comprometer los Planes de Desarrollo futuros sin precisar los costos de estos Acuerdos.

Y sorpréndanse senadores porque ustedes saben qué ocurrió, se introdujo acá, ¿en los últimos debates, contrario al principio de consecutividad?, la posibilidad de incorporar esos Acuerdos a la Constitución Nacional, convirtiéndola en un tomo dos de la Constitución anexo, sin que hubiera tenido el país una liberación profunda.

Y ese Acuerdo que se anunció, doctor Humberto de la Calle, que usted lo llamó el mejor Acuerdo posible, ese que usted nominó el mejor Acuerdo posible tenía grandes imperfecciones, graves alteraciones al sistema de justicia y la repito nuevamente.

Aquí, se habló del artículo 36 del acuerdo de justicia, que usted sabe doctor Humberto, ese artículo permite la elegibilidad política automática de quienes han cometido los más graves crímenes de lesa humanidad, prácticamente sin tener que presentarse si quiera a la justicia especial que usted contemplaba en los Acuerdos. Esa figura Senadores es contraria al artículo 179 de la Constitución y contraria a los que ustedes mismos aprobaron en el año 2013, sin la presencia del Centro Democrático, para que esos crímenes no fueran motivo de un tapete rojo, de una patente de corso, para llegar a la representación popular. Ese mismo mejor Acuerdo posible abría la posibilidad para que el asesinato de soldados y policías fuera considerado un delito amnistiable, llamándolo muertes en combate a la luz del DIH.

Ese mismo acuerdo hablaba en su artículo 39 de la legitimación del secuestro de soldados y policías llamándolos, sutilmente, aprehensión de combatientes para gozar de la amnistía. Ese mismo Acuerdo que usted llamaba el mejor Acuerdo posible, doctor Humberto de la Calle, hablaba de la homologación de la cadena de mando y la estructura jerárquica, yendo en contravía de los designios de la propia sentencia de Jean-Pierre Bemba de marzo de 2016, para que los comandantes de las FARC pudieran buscar esguinces a su responsabilidad penal. Ese mismo Acuerdo, que usted denominó el mejor Acuerdo posible, hablaba en el artículo 60 de manera explícita de la ausencia de cárcel y prisión si se decía, entre comillas, toda la verdad.

Pero adicionalmente, ese mismo Acuerdo vulneraba la estructura del sistema judicial con grandes vaguedades. La participación en política como estaba abierta revivía en el país la operación avispa que tango tiempo rechazo el Congreso, para que no se le diera cabida a esas microempresas electorales que tan perniciosamente llenaron de corrupción la política. Ese mismo Acuerdo generaba comisiones paritarias entra las FARC y el Gobierno para la toma de decisiones, en desigualdad con el resto de los activistas de la política que representan los partidos.

Ese mismo Acuerdo en materia de narcotráfico, permitía de alguna manera, el camino a la conexidad de todos los delitos para financiar, promover y ocultar la rebelión. Ese mismo mejor Acuerdo quitaba la herramienta de la aspersión aérea, como legitima herramienta que pueda tener el gobierno en la lucha contra las drogas; y hablaba también, de la cesación de la acción penal.

Ese Acuerdo también tenía grandes debilidades en materia de política agrícola. En un país que, por supuesto necesita una Reforma Rural de carácter integral y para eso se han hecho misiones, señores Senadores, es claro que en Colombia hay 22 millones de hectáreas con potencial agrícola, es claro que hoy tenemos cinco y el reto es aumentarlas, pero eso no ocurre ni por decreto ni por designio; eso ocurre dándole al país un sentido agroindustrial, agro empresarial y que vaya de la mano con el desarrollo del pequeño productor. Ese Acuerdo tenía ambivalencias, dejaba caminos abiertos para convertir las Zonas de Reserva Campesina en una especie de mecanismo expedito para lograr el control territorial de otros actores. Ese mismo Acuerdo, que usted llamaba el mejor Acuerdo posible, empezaba de alguna manera a vulnerar las propias estructuras institucionales del campo.

En materia del fin del conflicto. Se le daba, en medio de toda la arquitectura institucional, una comisión paritaria donde se sentarían los miembros de las FARC para orientar y poder vetar normas, para sugerir normas y para hacer el criterio de interpretación de los Acuerdos que, como ya lo dije, tenían el objetivo de quedar inscritos en la Constitución como un segundo tomo.

Ahora, se hizo una campaña una plebiscitaria donde fuimos a defender estos argumentos con legitimidad a las calles, a las universidades, a tener ese diálogo directo con los ciudadanos, a persuadir con argumentos y puedo decir, a cada uno de ustedes mirándolo a los ojos, que esa campaña se adelantó con un principio: quienes defendían el SÍ, no eran nuestros contradictores, no eran nuestros enemigos y no eran nuestros contendores, era una batalla de argumentos. Era un camino de hablarles a los colombianos para que pudieran entender cuál era el verdadero destino. Y los colombianos entendieron que el voto por el NO, era un voto por la justicia, era un voto por corregir esas vaguedades, era un voto por rechazar esas facultades extraordinarias, era un voto para rechazar ese Congreso eunuco, contrario de su mandato constitucional. Ese voto por el NO era reclamar una Colombia donde la justicia y el imperio de la ley permitirán cimentar la paz.

Por eso, cuando se dio ese resultado del dos de octubre, la reacción de la coalición del NO fue clara, llamar al país a un acuerdo nacional, permitir evaluar los argumentos para corregir aquellas cosas que necesitaban ser corregidas. Eso, es lo que hoy debemos de decirles a los colombianos, que se le dio como punto de partida para buscar el encuentro.

Ahora, el Gobierno abrió el espacio para sentarnos a dialogar sobre estos temas a solicitud de la coalición del NO y debo decir que me sorprendió en la primera reunión que la actitud del Gobierno fue decir que su papel era de tramitador para llevar a La Habana los comentarios de la coalición del NO. El Congreso tenía que exigirle, como institución, a esa comisión gubernamental que su deber era representar ese mandato popular.

Ahora, estas cosas que señale como críticas se llevaron a la mesa y la coalición del NO presentó sus documentos. Documentos que fueron debatidos integralmente y creo que lo que hoy se llama Acuerdo nuevo vale la pena revisarlo, porque si bien se acogieron algunas precisiones necesarias, por las propias falencias del documento, hay algunos aspectos sustanciales que aún siguen allí y que no permiten hablar de ningún nuevo Acuerdo, sobre todo, en esos aspectos.

El artículo 36 que permite la legibilidad política a pesar que la coalición del NO estuvo dispuesta a aceptarla después de cumplir la pena fue rechazada, ni si quiera hoy, y esa es la tozudez que no puede permitir el Congreso con su independencia, a que las FARC le impongan a Colombia eso. Se acepó que pudiera haber elegibilidad después de pagar la pena y esa tozudez de las FARC es la que puede herir gravemente la sostenibilidad de estos Acuerdos.

El artículo 38, el artículo 39, 44, el 59, que hablaban de esa adecuación normativa siguen intactos, sigue buscándose ese mecanismo para hacer amnistiables esos delitos, siguiese mantenido en el Acuerdo esa figura para eludir la responsabilidad sobre la cadena de mando por parte de las FARC. Acá ha dicho, el doctor Humberto de la Calle, que ha salido del bloque constitucionalidad estos Acuerdos; Puede que, en la frase, doctor Humberto. Y yo le respeto a usted la postura que usted ha dicho siempre en privado en estas conversaciones que para usted no está en el bloque de constitucionalidad; ojalá la pudieran hacer explícita, porque cuando se lee el borrador de acto legislativo que ustedes van a presentar por la obligatoriedad que genera, por la interpretación que genera, claramente estamos hablando de la inclusión en el bloque de constitucionalidad. Y adicionalmente, lo que está entre dicho en al acto legislativo sobre la revisión única de constitucionalidad, aquí la están buscando en el nuevo Acuerdo por la puerta trasera.

Y en cuanto a las instituciones, se acepta que se incluyeron algunos de los aspectos del NO en materia de justicia, pero la temporalidad usted sabe que está disfrazada, porque permite una extensión indiscriminada en el tiempo. Está por fuera la justicia ordinaria, y está generando conflictos sobre la interpretación de normas y el manejo de los conflictos de competencias, dándole a la justicia especial para la paz la condición de juez y parte; en fin, hay muchos aspectos, pero quisiera resaltar otros.

En materia de víctimas. Hay una grave ausencia sobre los secuestrados de las FARC de los que se hablaron esta mañana y gravemente se asume, en estos Acuerdos, que está vivo el Acto Legislativo número 01 de 2016, que también fue rechazado enfáticamente en las urnas.

Y hoy, en este Congreso, se pretende refrendar los Acuerdos sin hacer esas modificaciones sustanciales, eso sería una burla a la democracia. Este Congreso no puede estirar el artículo 244 de la Ley 5ª para pretender atribuirse una facultad refrendataria, que va en contra del sentimiento popular expresado el dos de octubre; esa es, una agresión a la democracia. Este Congreso debería explorar con su independencia no como un cuerpo maleable, presionado por ningún interés y asumir un momento de grandeza para aquí sí se pueda construir un acuerdo nacional y sí se pueda introducir las modificaciones sustanciales que requieren unos Acuerdos que gravemente afectan a Colombia.

Una implementación de los Acuerdos con un acuerdo nacional de por medio que reconozca esa voluntad y que permita hacer estos cambios que sobreviven en los Acuerdos y que no lo hacen un Acuerdo Nuevo es el camino para poder resolver este camino, de lo contrario, señores Senadores, aquí no habrá otro remedio que la defensa del interés popular en el camino de las urnas, en el camino de la democracia. Porque no hubo una sola agresión física cuando se pronunció el pueblo el dos de octubre, los colombianos marcharon a las urnas sin presiones, sin ser corregibles de ningún interés y trufaron, triunfo Colombia, y aquí se trata de decir que el triunfo del NO fue una pequeña minoría irrisoria. Esa misma minoría irrisoria son casi los votos de la segunda vuelta Presidencial del 2010 y casi los mismos votos de la segunda vuelta del 2014. No juzguemos así la participación de las urnas porque inclusive que sirva como lección a la democracia colombiana que esa participación del NO, contra todas las adversidades, es la más viva expresión de una sociedad que no está adormecida, que está participando, que esta opinando, y que seguirá viva para defender las razones por la cuales voto NO.

Que el Congreso por favor esté a la altura de las circunstancias, no proceda con una refrendación ilegal y que le permita al camino de las instituciones construir la paz con verdad, con justicia y con libertad, de lo contrario, el Congreso quedará reducido a un lacayo de las presiones.

Muchas gracias Presidente.

 

 

* Intervención 2

Gracias señor Presidente, ya que el Senador Luis Fernando la llamó una réplica de gratitud, pues utilicémosla de la siguiente manera: Senador Velasco, usted plantea el tema del acuerdo para la implementación; yo creo que el Congreso tiene un rol fundamental que jugar en este momento, pero también empieza por reconocer una cosa: El señor Ministro del Interior le dijo a este plenario que el Congreso estaba limitado frente al contexto de los acuerdos, pero no frente a las ambivalencias de los acuerdos.

Y la pregunta que debemos hacernos nosotros es qué tipo de Congreso queremos ser: Si se va a construir un Congreso, como lo dije en la intervención, ¿eunuco, pusilánime, que está sometido solamente a lo que le limite el Poder Ejecutivo, o si realmente será un Congreso que ejerza su facultad constitucional y como usted lo decía el espíritu constituyente que empieza por la separación de poderes? Porque aquí, entonces Senador Velasco, como aquí se rechazó en las urnas todo ese Acto Legislativo número 01 de 2016 recogiendo lo que usted también señaló como espíritu legislador la pregunta es ¿Tendrá este Congreso la independencia para llenar la ambivalencia del artículo 36 y condicionar la elegibilidad política al menos a presentarse a la justicia? Tendrá el Congreso la (sin sonido)

Nosotros podemos hablar de acuerdos de implementación si, y solo si, este Congreso es capaz de comprometerse a obrar con independencia para lograr esos vacíos. De lo contrario, estaríamos hablando de una mera formalidad que seguirá fragmentando la democracia.

Gracias Presidente.

Plenaria 24 noviembre de 2016

* Intervención 1

Gracias, señor Presidente. Usted ha hecho una convocatoria para el día martes basada en el artículo 244 de la Ley 5ª, y ese artículo 244 de la Ley 5ª, precisa lo siguiente en su último inciso, la fecha será comunicada al Congresista requirente y al funcionario citado por una copia de las observaciones, eso quiere decir que, para convocar, las observaciones tienen que ser conocidas. Mucho más cuando se trata de una política pública, porque si esa convocatoria se hace sin conocimiento de las observaciones, para el requirente y para el plenario, usted está haciendo una convocatoria de carácter ilegal. Por eso, tratar de cercenar el derecho que tienen los miembros de esta Comisión, de esta plenaria para hacer las observaciones, es doblemente ilegal, señor Presidente.

Muchas gracias.

Plenaria 17 noviembre de 2016

* Intervención 1

Muchas gracias, Presidente, señor viceministro muchas gracias. Ya definitivamente, doctor Gamboa, ahora que llega esto a discusión pues ya hizo un tránsito donde difícilmente se pueden introducir modificaciones, pero quizás, a manera de constancia, quisiera hacer tres observaciones: la primera, es muy importante que estos acuerdos de inversión, puedan casi que a futuro y siempre de la mano también con los acuerdos de desmonte de doble tributación, porque es un elemento esencial para generar el incentivo, no solamente para la inversión que viene hacia Colombia sino también para la inversión colombiana que eventualmente se pueda desarrollar en ese país. Creo que es un ausente en el texto que tiene el acuerdo.

Lo segundo, usted señalaba el tema de estabilidad jurídica y me parece importante alertar sobre uno de los errores graves que tiene la reforma tributaria. En la propuesta que hay de impuesto a los dividendos, que está principalmente enfocada hacia las personas naturales en el país, se ha extrapolado eso a las sociedades extranjeras con inversión en Colombia con una tarifa del 10%. Si a eso se le suma no solamente todo el anclaje tributario, sino la tarifa de renta, Colombia está perdiendo competitividad y de alguna manera también está alterando muchos de los acuerdos contenidos en estabilidad jurídica que han sido suscritos con otros países. Yo creo que eso es importante, que el gobierno lo sepa anticipar y obre de manera oportuna para hacer esa corrección.

Y el tercer tema, que a veces se suele dejar rezagado para un segundo plano, tiene que ver con la posibilidad que abren los acuerdos de inversión para desarrollar los mercados interconectados de contenidos originales. Si en los acuerdos de inversión se abre la posibilidad para un flujo de bienes y servicios, donde los contenidos originales a partir de la coproducción, la conautrición y la codistribución, Colombia podría sacarle muchísimas ventajas a donde hay recursos disponibles para el sector creativo en el país.

Yo quisiera hacerle esas tres observaciones señor Presidente Lizcano, quisiera dejarlas a título de constancia, pero creo que es un referente para las discusiones futuras de Proyectos como este. Muchas gracias.

Plenaria 01 noviembre de 2016

* Intervención 1

Gracias Presidenta, simplemente para notificar a su señoría y a la plenaria, que el Senador Álvaro Uribe, mi persona, la Senadora Sofía Gaviria y el Senador Roy Barreras, tendremos que ausentarnos para seguir en la Mesa de conversación con el Gobierno para la modificación sustancial de los acuerdos de La Habana. Gracias Presidente.

Plenaria 25 octubre de 2016

*  Intervención 1

Gracias, señor Presidente, yo quisiera simplemente hacer una intervención recabando sobre algunos de los puntos que se han manifestado acá y tocar 7 elementos de políticas públicas. El primero, es que estamos viendo una situación que realmente es catastrófica frente los resultados que venía teniendo el país y sí empezamos a ver por algunos departamentos el crecimiento de los cultivos ilícitos, entre el año 2012 y el año 2015, es sorprendente, Senador Manuel, que en el departamento de Nariño se haya triplicado la producción de coca media en toneladas métricas.

Es preocupante que en el departamento del Putumayo se haya triplicado en tan solo tres años, en Norte de Santander se haya triplicado y en el Caquetá se haya duplicado en tan solo tres años. Estamos hablando de zonas críticas y zonas del país que merecen una atención detallada y que merecen además revisar el marco de las políticas públicas que tiene la política antidrogas y yo creo señor Fiscal, que es preocupante que no estemos teniendo por parte del Departamento Nacional de Planeación, cifras claras sobre el costo de políticas antidrogas en el país.

Los arqueos de cifras que teníamos hasta hace cuatro años, hoy ya están bajo revisión y yo creo que eso también es importante para saber si estamos destinando los recursos que son. Entonces, los siete elementos de políticas públicas que yo quise dejar planteados son, el primero, ¿cuál va a ser la verdadera política de sustitución y de erradicación?, cuando uno lee los acuerdos de La Habana se habla de erradicación voluntaria, se habla de la cesación de la acción penal contra el cultivador, en el momento donde está creciendo exponencialmente esa área sembrada de cultivo ilícito y entonces uno se pregunta, ¿será que eso puede ser una gabela para quien desee prácticamente borrar y empezar de nuevo esa cadena de asociación criminal?, importante hacer esa revisión.

Lo segundo, si realmente está el compromiso de las Farc y de otros grupos armados ilegales de ayudar al desmonte del narcotráfico, ¿por qué no estamos teniendo información realmente factual que nos permita establecer de dónde vienen los abastecimientos de precursores químicos?, ¿dónde están los sistemas de control de la cadena de precursores químicos?, ¿por dónde están entrando?, esa información la debería estar entregando las Farc si realmente desea colaborar. El tercer punto es que esto va vinculado a la cadena del lavado de activos y, doctor Néstor Humberto, usted lo denunció hace pocos días, tenemos menos de cinco jueces de extinción de dominio en el país.

El represamiento que tenemos, señor Ministro de Justicia, de procesos de extinción de dominio con menos de cinco jueces, hace que cualquier política de extinción esté en este momento colapsada y ¿cuál va a ser el aporte del Estado en materia de recursos para que una política efectiva de extinción de dominio tenga vida en Colombia?, obviamente, en el tema de control de lavados, aquí también lo que le está haciendo falta al país es que, le podamos mostrar, no solamente el poder extinguir el denomino, sino esos convenios de cooperación como el que se está anunciando con Panamá, deberíamos tenerlo con otras jurisdicciones.

Y sobre todo también, doctor Néstor Humberto, ya que se va a hacer este convenio, muy importante que también se sincere la información de las exportaciones de Panamá ¿Colombia, porque también está la cadena de lavados de activos por el contrabando, ojalá esas dos cosas se pudieran hacer, inclusive en el marco del TLC que está en proceso de implementación. El tema de prevención, aquí no se ha hablado mucho de eso, quizás porque no sea el tema central del debate, ¿pero dónde está la política de prevención?, porque aquí lo que estamos viendo es un crecimiento también del microtráfico y del consumo, consumo que está concentrado en la población más joven de 18 a 24 años de edad, ¿cuál va ser la política de prevención desde la escolaridad?, y la que podemos también estimular desde la familia, ¿dónde se han quedado las grandes campañas de publicidad?, ¿dónde se han quedado las grandes campañas de pedagogía?, ¿dónde está ese vínculo con los padres para prevenir ese fenómeno?

Y creo ciertamente que también tenemos que fortalecer la política para el tratamiento de la adición en el país, esto no lo podemos seguir viendo con el síndrome del comunero de la fragmentación sino la integralidad de la política pública y espero que estas pequeñas reflexiones en el marco de este debate, por lo menos, señor Ministro de Justicia, sirven para que ese vínculo y esa cooperación con la Fiscalía nos permita que Colombia reflexione de qué estamos haciendo mal frente a este crecimiento exponencial y si nos toca buscar un mecanismo de aspersión aérea mitigando, que el país realmente lo pueda hacer, muchas, gracias Presidente.