Plenaria 21 febrero de 2017

* Intervención 1

Muchas gracias, señor Presidente. El Gobierno nacional ha intentado en repetidas ocasiones convertir los Acuerdos de La Habana en una especie de tomo adicional de la Constitución Nacional y lo intentaron incorporando esto al bloque de constitucionalidad en el acto legislativo, lo intentaron con una demanda del señor Eduardo Montealegre y lo intentaron, inclusive, en las interpretaciones que se le podían dar en las altas cortes, aún a pesar que en las elecciones del 2 de octubre, el pueblo colombiano rechazó la incorporación de ese Acuerdo como un segundo tomo de la Constitución, y ahora, de manera vedada, intentan hacer lo mismo a través de este procedimiento fast track que también fue rechazado en las urnas el 2 de octubre.

Nosotros hemos planteado que no rechazamos las normas de carácter humanitario para permitir la desmovilización, el desarme y la reinserción, pero darles el alcance a los acuerdos de factor de interpretación de derechos fundamentales es un abuso, como también lo es darle una obligatoriedad permanente sobre la interpretación de todos los contenidos de los acuerdos. Hay que recordarle al país que estos acuerdos no exigen pena carcelaria para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad ¿si dicen toda la verdad?, desconociendo los compromisos de Colombia con el Estatuto de Roma.

Estos acuerdos hablan de la erradicación y la sustitución de manera voluntaria y no obligatoria, en un país que en los últimos tres años ha visto triplicar el área sembrada de cultivos ilícitos. Es más, estos acuerdos hablan de permitir la elegibilidad política de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad de la FARC sin siquiera haber cumplido las sanciones que les pudiera imponer aun las alternativas la justicia especial para la Paz; y se habla de amnistía para todos los delitos que financien, promuevan y oculten la rebelión, además de haber homologado las circunstancias operacionales y de cadena de mando de las Fuerzas Militares con las FARC. A esto se le llama blindaje y el verdadero blindaje para la construcción de la paz en Colombia es que las FARC cumplan con sus compromisos, pero sobre todo que sus máximos cabecillas le respondan al país por los crímenes que cometió esa organización.

Y creo, apreciados colegas, que las instituciones no pueden quedar maniatadas a una mala interpretación o a una mala aplicación. Las políticas públicas de un país deben tener siempre la capacidad de ser revisadas cuando no estén respondiendo a los intereses del país y el país no puede quedar sometido a una serie de presiones y a una serie de imposiciones de las FARC con un Gobierno débil; las instituciones deben guardar siempre las atribuciones para corregir todo aquello que sea necesario.

Muchas gracias, Presidente.