Las plagas de un mal acuerdo

En incubación está la construcción de una agenda negativa de protesta social que quiere ser capitalizada políticamente por las Farc.

Por: Iván Duque Márquez. Diario Portafolio, 26 de octubre de 2017. 

Colombia está pagando las consecuencias de un mal acuerdo con las Farc, que ha afectado la estabilidad institucional y está amenazando de manera estructural la seguridad nacional, la justicia y, por supuesto, las condiciones sociales y económicas de muchas regiones del país.

¿Dónde están las amenazas? Para empezar, está claro que la implementación del acuerdo es desastrosa por la falta de previsión y por haber involucrado compromisos sin dimensionar cómo serían implementados. La prueba más notoria es que la Defensoría del Pueblo ha venido alertando sobre las fallas en el proceso de desmovilización, desarme y reinserción, observando que hay problemas serios en los registros y la verdadera transición hacia la vida civil de los miembros de las Farc.

Para profundizar en los asuntos que merecen alerta y pronta reacción, vale la pena destacar que si bien las Farc negociaron como una organización monolítica y de mando unificado, hoy se han creado ‘disidencias’ en distintas regiones del país que se acercan a los dos mil miembros. Estas estructuras están dedicadas al narcotráfico y están organizando grupos de cocaleros protegidos bajo el paraguas del acuerdo, que señala que el narcotráfico es un delito conexo al delito político cuando se perpetra para financiar, promover y ocultar la ‘rebelión’, seguido por hacer la sustitución y erradicación voluntaria y no obligatoria.

Esas acciones permisivas y tolerantes de los acuerdos entre el gobierno Santos y las Farc, asociadas con las estructuras criminales que siguen en el narcotráfico, se han visto reflejadas en el vertiginoso aumento de los cultivos ilícitos en el país, hasta el punto de tener más hectáreas sembradas de coca que las existentes al iniciar el Plan Colombia, a finales de los años 90. Este crecimiento del principal combustible del terrorismo es una amenaza enorme para muchas regiones donde la coca empezará a generar distorsiones frente a otros cultivos y se consolidará como un detonante de mayor lavado de activos y contrabando.

Otra de las calamidades que se están presentado son los nuevos brotes de violencia contra líderes sociales y comunitarios en las zonas del país afectadas por la violencia de las Farc y otros grupos armados ilegales. La falta de institucionalidad para garantizar la protección de muchos líderes está haciendo agua, y lo peor es que la capacidad de investigación es lenta y no presenta con claridad quién podría estar detrás de estos deleznables hechos. Tan solo en lo que va corrido del año van 81 líderes sociales asesinados.

Para finalizar la lista de problemas, en incubación está la construcción de una agenda negativa de protesta social que quiere ser capitalizada políticamente por las Farc. En ella está la satanización de sectores productivos, promover invasiones de tierras, estimular bloqueos y crear mecanismos de intimidación política a gobernantes locales y empresarios.

La configuración de este entorno es todo lo contrario a la paz. Por eso se deben hacer reformas estructurales a unos acuerdos que están creando incentivos perversos a nuevas formas de violencia e inestabilidad institucional. La verdadera paz es el triunfo de la legalidad sobre el delito y no todo lo contrario, como lo estamos viviendo, producto de la improvisación y la complacencia con las Farc.


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