Pilas con el Catastro

Colombia no puede improvisar por la vía del ‘fast track’ una política catastral moderna. O actuamos a tiempo o después vendrán lágrimas dolorosas. Por: Iván Duque Márquez. Diario Portafolio, jueves 19 de octubre de 2017.

Está próximo a iniciarse un intenso debate en el Congreso relacionado con la creación de un catastro nacional multipropósito, que se viene planteado como parte del acuerdo entre el gobierno Santos y las Farc. Dicha medida incluida en la ‘reforma rural integral’ ha sido vendida como la base para alcanzar una profunda redefinición de la formalización de la propiedad en Colombia.

¿Cómo está la situación catastral en el país? Para empezar, más del 50 por ciento de los registros catastrales del país están desactualizados, y existen interminables imprecisiones de linderos y áreas detonadas por alteraciones en los procesos de compra-venta que no están georeferenciados con precisión.

A esta realidad es preciso profundizar que el catastro integral nacional tiene 15,5 millones de predios aproximadamente, de los cuales el 75 por ciento son urbanos y el 25 por ciento son rurales. Bajo esa premisa existen rezagos notorios en la digitalización de la cartografía con precisión, urgiendo escalas 1:25000 y 1:10000 para definir con rigor la pequeña propiedad que comprende cerca del 80 por ciento de predios.

Los atrasos catastrales, por supuesto, tienen consecuencias fiscales, debido a las dificultades de delimitación que se traducen en menores ingresos para los municipios y poder contar con información confiable para la toma de decisiones.

Esta realidad nos obliga a entender que, en efecto, Colombia necesita una mejor política catastral. No obstante, es urgente entender que el proyecto presentado por el Gobierno debe prender importantes luces de alarma. El proyecto en ningún lugar hace énfasis en la defensa de la propiedad privada y la tenencia de buena fe como criterios claros de aplicación. Así mismo, se crean operadores catastrales privados, no existen claras precisiones de protección de la información, no hay mecanismos efectivos para impugnar actas de colindancia, ni mucho menos para exigir con efectividad inconsistencias.

Del mismo modo preocupa que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) pasará al Departamento Nacional de Planeación, que asumirá todas las responsabilidades catastrales, alejando a dicha institución de su mandato fundacional y afectando la verdadera capacidad de ejecución en la materia. También es grave que el Artículo 46 permita a organizaciones sociales actuar como operadores catastrales, que se le eche mano a las regalías para financiar el sistema, quitándole más recursos a las regiones, además de fijar una tasa de servicios catastrales confusa, en la cual el costo de las inconsistencias lo asume el usuario, esto sin mencionar que se pretende esconder que los recursos para el nuevo sistema se fijarán bajo la modalidad de inversión, cuando debería ser funcionamiento.

Muchos de los peligrosos detalles del proyecto presentado por el gobierno pueden acabar generando graves problemas de inseguridad jurídica y de conflictos sociales, relacionados con la propiedad de la tierra. Colombia necesita un sistema catastral moderno, confiable y que contribuya al fortalecimiento de las finanzas territoriales, pero el proyecto gubernamental no asegura una institucionalidad seria para un final feliz. Colombia no puede improvisar por la vía del fast track una política catastral moderna. O actuamos a tiempo o después vendrán lágrimas dolorosas.


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